La aprobación de un préstamo requiere toda la atención necesaria de los parlamentarios. Como se viene viendo en las noticias de la prensa, el Poder Legislativo e incluso el Poder Ejecutivo están más ocupados en las próximas internas partidarias, negociaciones por las bancas, inauguraciones oficiales con tintes partidarios y una gestión administrativa con contrataciones, descontrataciones y adquisiciones públicas con denuncias de contaminación electoral.
Este no es el mejor escenario para aprobar un préstamo relativamente alto en monto y sumamente complicado por el tema que aborda. La inseguridad es una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía y no existe una política conocida y difundida para enfrentarla. Adicionalmente, esta función gubernamental es una de las que más recursos adicionales han recibido en los últimos años y sin embargo la percepción ciudadana de inseguridad no se reduce.
En este contexto político electoral, sin un adecuado contexto institucional y programático, aprobar un préstamo resulta peligroso en términos de eficiencia y eficacia en su gestión a corto plazo e inequitativo a largo plazo.
Un préstamo como este no puede ser aprobado sin un adecuado análisis no solo de técnicos y parlamentarios, sino también de la ciudadanía. Sobran ejemplos de préstamos sin resultados y que el país, aun con diseños errados y gestión ineficaz, ha debido pagar con sus impuestos y lo ha hecho a costa de su propio bienestar.
Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo deben ser responsables al aprobar préstamos. Cualquier endeudamiento debe tener una política bajo la cual se diseñe, debe atacar las causas del problema y debe contar con todos los componentes necesarios para que finalmente no se termine ejecutando de manera parcial, sin la integralidad que exigen los problemas sociales y sin el efectivo acompañamiento del sector público.
Los incentivos en el sector público, especialmente el Poder Ejecutivo, están mal diseñados, lo que impulsa a la aprobación de préstamos que desde su diseño están mal. En un momento electoral como este, puede ser considerado un éxito para las altas autoridades contar con más recursos para un tema sensible. Para los funcionarios públicos involucrados, son mayores remuneraciones y beneficios, sin que esté de por medio en la ejecución el cumplimiento de resultados de impacto.
El Poder Legislativo ha aprobado préstamos que por deficiencias en su diseño tardaron años en iniciarse y duplicaron su tiempo de ejecución. Todos los costos adicionales han sido pagados por la ciudadanía. No se conocen casos de ministros, funcionarios o parlamentarios que hayan sido castigados por una mala ejecución de los préstamos, a lo sumo han sido separados de sus cargos, pero, incluso, fueron promocionados a otras áreas.
La aprobación de préstamos es cosa seria. Si en tiempos no electorales se han aprobado préstamos mal diseñados, mal podríamos suponer que con los incentivos electorales-partidarios actuales los parlamentarios dedicarán tiempo, atención, racionalidad y seriedad en los nuevos proyectos.
