La controversia en torno a esta norma radica en que quienes perpetren delitos contra dichas instalaciones son remitidos a la Fiscalía Militar para comparecer ante la justicia castrense, lo que amplía los casos de juicios militares a civiles.
El decreto número 65 de 2016 extiende el cumplimiento de la ley 136 del año 2014, que expira en octubre próximo tras dos años de vigencia.
Esta decisión fue adoptada después de que un ataque contra un puesto militar causara en octubre de 2014 la muerte a 31 soldados en el norte de la península del Sinaí.
Las instituciones que los militares deben proteger son plantas, redes y torres eléctricas, gasoductos, yacimientos petroleros, la línea férrea, carreteras y puentes, entre otros.
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado en numerosas ocasiones las grandes prerrogativas del Ejército y han pedido la prohibición de los juicios militares en todos los casos.
