Durante una reunión que se realizó el miércoles a puertas cerradas con el presidente del Congreso, Fernando Lugo, sin permitir el acceso a los medios de comunicación y a la ciudadanía (solo se dejaron tomar imágenes de video y fotos por breves minutos), las autoridades encargadas de la seguridad y la defensa insistieron en reclamar un presupuesto de G. 79.000 millones (unos USD 14 millones) para el 2018 para la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), encargada de la lucha contra el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que se desea distribuir en G. 59.000 millones para las Fuerzas Militares y G. 20.000 millones para la Policía.
La cifra exigida implica mucho dinero, si se considera que con USD 9.000 millones se está construyendo el nuevo Hospital Materno Infantil para el barrio San Pablo, con 136 camas, que responderá a una de las necesidades más sentidas por la población, como lo es la atención especializada en este sector de la salud pública. Resulta lógico que destinar una cantidad de dinero que podría servir para construir otros dos hospitales similares a una fuerza de seguridad que hasta ahora no ha ofrecido ningún resultado significativo en vencer al EPP despierte la disconformidad de la población.
La FTC había sido creada tras la asunción del presidente de la República, Horacio Cartes, mediante la Ley 5036/13 que modificó la Ley de Defensa y posibilitó que los militares puedan intervenir en una cuestión de seguridad interna, algo que muchos juristas consideran inconstitucional. Hasta ahora, en los últimos cuatro años, se destinaron G. 129.000 millones (aproximadamente USD 3,5 millones) para financiar las acciones de la FTC, esperando que sus integrantes puedan vencer y desactivar al EPP.
Sin embargo, lejos de mostrar debilidad, el grupo criminal armado ha ido fortaleciendo su acción violenta e ilegal, asestando varios golpes contra productores agropecuarios y pobladores en la región, y sobre todo secuestrando y manteniendo en cautiverio, hasta ahora, a cinco compatriotas: el policía Edelio Morínigo, desde hace 1.162 días; el menonita Abrahán Fehr, por 763 días; el ganadero Félix Urbieta, 331 días, y más recientemente a los colonos menonitas Franz Hiebert, desde el 21 de agosto, y Bernhard Blatz, desde el 1 de setiembre.
La mayoría de estos golpes ocurrieron en la zona de control de la FTC, sin que lo hayan podido evitar ni hayan podido lograr la liberación de ninguno los secuestrados, ni han logrado capturar a uno solo de los cabecillas del grupo criminal.
Por ello, resulta lógico que se exija que la FTC muestre resultados más concretos, para que la ciudadanía tenga alguna garantía de que los cuantiosos recursos que ahora están solicitando no seguirán siendo desperdiciados inútilmente.