Se espera que en breve, probablemente durante el mes de agosto, el presidente de la República, Horacio Cartes, elija un nombre de una terna preseleccionada por los miembros del Consejo de la Magistratura, y luego lo remita al Congreso para que sus integrantes le otorguen o no la conformidad. De este complejo proceso saldría el próximo fiscal general del Estado, que sustituirá al actual titular del Ministerio Público, Javier Díaz Verón, durando cinco años en su mandato.
Tal como se encuentra actualmente desproporcionado el equilibrio de poderes, lo más probable es que sea elegido alguien que responda totalmente a la línea política del actual jefe de Estado y sus ocasionales aliados, Fernando Lugo y Blas Llano, que coartará aún más la necesaria independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público frente al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Sin embargo, en defensa de los principios de la democracia, hay que insistir en reclamar que el proceso de elección se realice con la debida transparencia y con las mejores garantías, tomando en cuenta para la designación la capacidad y la trayectoria profesional de servicio de los candidatos.
Este año, como nunca antes, llegaron a presentarse 103 candidatos y candidatas, dispuestos a pugnar por el cargo para ser fiscal general. Esta cifra es considerada un verdadero récord, ya que en la anterior elección, en el 2011, cuando resultó electo el actual fiscal Javier Díaz Verón, se presentaron 51 postulantes; en la del 2005 hubo 27 candidatos, y en la del año 2000 hubo 23 candidatos. En la lista actual, en la que finalmente habían quedado 95 candidatos, figuran varias personas muy capaces y con una valiosa trayectoria de servicio.
En esta ocasión, además, se pudo someter a la mayoría de los candidatos a una serie de audiencias públicas en el recinto del Congreso, cuyas sesiones se encuentran grabadas y disponibles al acceso público en el canal de videos YouTube, en internet.
Es decir, en esta ocasión, la ciudadanía cuenta con mayores elementos para conocer muy de cerca del nivel de preparación y de trayectoria de cada aspirante. Por ello mismo, despreciar los mejores perfiles para elegir a quien resulte más funcional a los intereses del actual grupo político que busca acaparar todos los poderes, resultará más fácilmente evidenciable y por tanto puede generar mayor decepción en la población.
Por ello, el gran desafío para quienes tendrán a su cargo definir este proceso en las próximas semanas, será elegir a un fiscal general del Estado que realmente pueda honrar al Paraguay.