Lejos de estar a la altura de lo que exige la actual realidad del país, tras el cobarde asesinato de ocho militares en la zona de Arroyito, Concepción, en un atentado atribuido al grupo criminal armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), algunas autoridades y algunos exponentes de nuestra clase política están dando deplorables ejemplos de oportunismo maquiavélico, al utilizar el ambiente generado por la tragedia y manipular los hechos en favor de sus intereses sectarios o de intentar dañar a sus adversarios.
Una de las actitudes más reprobables fue la asumida por el ministro del Interior, Francisco José De Vargas, quien durante un diálogo con periodistas en la zona de Concepción acusó a quienes cuestionan la labor de la Fuerza de Tarea Conjunta de ser cómplices del EPP.
Concretamente, se refirió a una antigua foto en que el ex ministro del Interior, Rafael Filizzola, aparece junto a Lucio Silva, uno de los actuales miembros del grupo criminal, sugiriendo que ello implica ser un aliado del EPP. La acusación puede ser desmontada con solo verificar el contexto en que la foto se publicó originalmente, en un reportaje de Última Hora del 18 de marzo de 2002, cuando los campesinos Lucio Silva y Gustavo Lezcano, acusados de integrar el grupo que secuestró a María Edith de Debernardi, ofrecieron entregarse a la Fiscalía, acompañados por un equipo de periodistas de este diario, abogados y parlamentarios.
Filizzola, entonces diputado, accedió a acompañar la entrega de Silva y Lezcano, que en esa ocasión fueron dejados en libertad por el Ministerio Público, al no ser reconocidos por la víctima del secuestro y por contar con numerosos testigos que aseguraban que en esas fechas ambos no habían salido de su comunidad. Recién en 2013 se comprobó que Silva había ingresado con sus dos hijos a formar parte del EPP.
Resulta igualmente cuestionable la actitud de varios parlamentarios de la oposición, quienes, valiéndose del clima de descontento e indignación generado por la tragedia de Arroyito, están redoblando la campaña mediática en busca de la eliminación de la Fuerza de Tarea Conjunta. Es una cuestión que merece ser analizada con mayor serenidad, por la polarización que provoca en la sociedad. Como hemos señalado en un reciente editorial, dejar a la zona Norte sin protección no es la mejor opción, menos en este momento. Lo que se requiere es transparentar la acción de la FTC, ejercer un estricto control sobre sus operativos, que rindan cuenta sobre el dinero que se gasta y someterse a ser investigados ante denuncias de presuntos abusos.
La grave crisis de inseguridad que vive el país exige dejar atrás toda mezquindad y trabajar juntos por restablecer la justicia y la paz. Para ello se requiere una actitud más madura y patriótica de nuestra clase dirigente, dejando de lado el deplorable recurso de usar a la muerte con perversos fines políticos.
