Godoy Servín convocó a estos funcionarios, por medio de otros, para que se presenten el día de la fecha en la sede central de la Defensoría del Pueblo.
“Llamé y traté de ubicarles a mis funcionarios de las delegaciones del interior, son 21 contratados, y no los encontré en ningún lugar”, contó a ÚH el defensor del Pueblo.
Se encontró por ejemplo con la sorpresa de que en Areguá, el salón que era utilizado por la Defensoría del Pueblo fue desalquilado.
“(...) no sé dónde fue esa gente a parar y por el principio constitucional de la presunción de la inocencia no puedo decir más que eso”, manifestó Godoy.
Ya este diario cuestionaba tiempo atrás la falta de un control adecuado de la asistencia de los funcionarios en las distintas delegaciones de la institución.
Desde el pasado miércoles, los técnicos de la Contraloría General de la República (CGR) realizan un corte administrativo en la Defensoría del Pueblo.
Una auditoría interna ordenada por la nueva administración detectó malversaciones multimillonarias, entre otras irregularidades, por lo que Miguel Godoy Servín anunció que llevará los antecedentes a la Fiscalía y formulará una denuncia en contra del ex titular Manuel María Páez Monges.
Se detectó por ejemplo erogaciones por más de USD 110 millones para el pago a supuestas “víctimas de la dictadura”.
Páez Monges ordenó en innumerables veces la indemnización a supuestas “víctimas del stronismo”, aún cuando dictámenes vinculantes de la Procuraduría General de la República habían recomendado desistir de dichos pagos. Es así que inclusive torturadores del régimen stronista llegaron a percibir jornales que se traducen, entre G. 140 millones y G. 230 millones.