A finales del pasado marzo un ciudadano panameño interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el articulo 26 del Código de Familia de Panamá, que establece que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer”.
Esa afirmación, según explica a Efe el presidente de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP), Ricardo Beteta, contradice a la misma Constitución, que dice que “el matrimonio es el fundamento legal de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges”.
“Constitucionalmente, no hay ningún impedimento para que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio porque en la Constitución no está establecido que el concepto de cónyuge sea solo entre hombres y mujeres”, apunta el activista.
La demanda, que ha hecho que sectores de uno y otro lado saquen la artillería pesada, se suma a otra presentada en octubre de 2016 por otro ciudadano panameño que persigue el mismo objetivo: invalidar el Código de Familia y legalizar los matrimonios homosexuales.
El abogado y experto constitucionalista Miguel Antonio Bernal advierte, sin embargo, de que “habrá qué ver cómo son los fallos”, porque podrían ser aplicables solo a quienes interpusieron los recursos o Erga omnes (a todo el mundo).
Independientemente de cómo se resuelva esta batalla judicial, el debate sobre el matrimonio homosexual le ha vuelto a tomar el pulso a este pequeño país, que se jacta de ser tolerante y cosmopolita, pero que cada vez está más influenciado por la religión y el conservadurismo.
“Somos un país amigable y abierto hasta que nos empezamos a sentir amenazados. Ahí es cuando sale nuestra cara más insegura y empiezan a aflorar ideologías fascistas como la homofobia o la xenofobia”, sostiene en declaraciones a Efe el sociólogo Gilberto Toro.
La radicalidad, añade el experto, se ha agravado en los últimos años con el auge de la religión y, en especial, con la expansión de las iglesias evangélicas.
“La Iglesia católica había aflojado el discurso, pero empezó a perder adeptos en beneficio de las iglesias evangélicas y retomó el discurso radical. La gente quiere un Dios amoroso, pero castigador”, opina Toro.
La férrea oposición a las uniones entre personas del mismo sexo, apunta el sociólogo, es la misma que estos sectores de la sociedad panameña mostraron hace unos meses cuando el Parlamento intentó aprobar una ley de educación sexual para impartir esta materia en los colegios y tratar así de frenar la alarmante tasa de embarazos adolescentes.
“Si no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en algo tan básico como la educación sexual, ¿cómo se va a plantear el tema del matrimonio homosexual?”, se pregunta Toro.
“Tenemos una sociedad muy conservadora, con férreos parámetros religiosos y poca cultura de derechos humanos, y una clase política temerosa que no se atreve a impulsar estas políticas por el coste político que conllevan”, lamenta Magalys Castillo, activista y representante de la Red de Derechos Humanos de Panamá.
La falta de educación en derechos humanos, según Castillo, se evidencia también en otras causas como la violencia machista o las condiciones insalubres de las prisiones panameñas.
Actualmente, el matrimonio homosexual es legal en una veintena de países, ya sea en todo el territorio nacional o en alguna de sus regiones, entre los que se encuentran cinco latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay.
“Tan importante es el matrimonio homosexual como impulsar una ley para la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, porque hoy por hoy el Estado panameño no nos reconoce como sujetos de derecho. Mucha gente se piensa que el único problema que tiene la comunidad LGBT es el matrimonio”, destaca el activista gay Beteta.
María M.Mur
