EFE
BRASILIA - BRASIL
La Cámara de Diputados de Brasil retomó ayer sus sesiones tras un receso de dos semanas y también reinició el trámite previo a la votación en que hoy decidirá si el presidente Michel Temer será sometido a un juicio penal por corrupción.
En la primera jornada tras el receso, fue leído en la Cámara baja un informe aprobado por una comisión que rechaza las acusaciones de corrupción pasiva formuladas por la Fiscalía sobre la base de unas confesiones de directivos del grupo JBS, que han dicho que sobornan a Temer desde 2010 y que ello se mantuvo una vez que llegó al poder.
La lectura de ese informe en el pleno era un requisito necesario para proceder a la votación prevista para hoy, que definirá si se autoriza que la Corte Suprema instaure un juicio penal contra Temer, quien en ese extremo sería suspendido del cargo durante 180 días y destituido si al cabo del proceso fuera declarado culpable.
Esa votación, como admitió el propio Supremo, tendrá un carácter netamente político, un terreno favorable a Temer y a su mayoritaria base parlamentaria, que precisa el apoyo de al menos 172 de los 513 diputados para que la denuncia sea archivada.
Según los cálculos del Gobierno, el oficialismo cuenta con por lo menos 250 votos, lo que haría inviable el esfuerzo de la minoritaria oposición, que deberá reunir una mayoría calificada de dos tercios (342 diputados) para dar curso a la denuncia.
En lo político, Temer tiene supuestamente en contra los sondeos, que dicen que solamente un 5% de los brasileños aprueban su gestión y que un 81% de los ciudadanos consideran que debe responder ante la justicia por supuestos delitos de corrupción.
Sin embargo, ese descontento no se ha expresado en las calles, en las que durante las últimas semanas no se ha visto una sola protesta contra Temer, por lo que no acaba de convertirse en un fuerte factor de presión contra una Cámara de Diputados que, a su vez, también tiene una pésima imagen frente a los brasileños.
A esa falta de apoyo popular, Temer le ha opuesto su manejo de la política y ha aprovechado el receso parlamentario para complacer a los diputados de su base, a los que se calcula que ha liberado unos 2.100 millones de reales (656,2 millones de dólares) en partidas del presupuesto para proyectos en sus bases electorales.
