29 mar. 2024

El Chaco se deforesta con la complicidad de la clase política

Es penoso que desde el exterior se tenga que llamar la atención sobre la deforestación del Chaco. El hecho, sin embargo, es oportuno para advertir que se debe poner freno a la pavorosa tala de árboles realizada por inescrupulosos que anteponen los intereses materiales individuales a los de orden sustentable y colectivo. La ausencia del Estado como salvaguarda de los bienes de supervivencia que corresponden a todos es la causa principal del desborde criminal constatado en territorio chaqueño. Dejar que persista esa situación implicará que en 100 años la Región Oriental quede totalmente vacía de bosques con las deplorables consecuencias que ello significará. Es hora, entonces, de ponerle límites de una buena vez.

Aun cuando organizaciones conservacionistas locales como Guyra Paraguay, contando con informaciones dignas de crédito, casi diariamente llaman la atención sobre la depredación de los árboles, particularmente en el Chaco, la insensibilidad en la materia se ha ido apoderando de la clase política y de la sociedad civil.

Es por ello lamentable que el tema vuelva a ser considerado como relevante solo después de que el periódico inglés The Guardian, basado en datos proporcionados por la ONG británica Earthsight, haya informado que la cadena internacional de supermercados Carrefour suspendió la compra de carbón a la empresa paraguaya Bricopar, la mayor exportadora “del Paraguay y la fuente del 40 por ciento de las importaciones paraguayas a la Unión Europea en 2017".

La empresa nacional cuestionada, como toda respuesta, afirma operar en un marco legal porque cuenta con licencia ambiental otorgada por la Secretaría del Ambiente (Seam) y permiso forestal concedido por el Instituto Forestal Nacional (Infona). Esas habilitaciones le dan luz verde para cambiar el uso del suelo de 5.386 hectáreas arrendadas a una empresa privada por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Lo verdaderamente triste es que las normas vigentes operadas por instituciones del Estado sean el instrumento que da legalidad, no legitimidad, a la actuación de una empresa que tala árboles y arbustos a mansalva para hacer carbón de exportación. Como si faltara agravante, un ministro del Poder Ejecutivo está vinculado a la firma Bricopar.

La situación expuesta por la publicación londinense permite enfocar de nuevo la mirada en una situación alarmante y de larga data en el Chaco paraguayo, componente del Gran Chaco Americano con territorios también en Argentina, Bolivia y Brasil. Se estima que en el Chaco, por año, se talan de 200.000 a 250.000 hectáreas de bosques naturales. Guyra Paraguay calcula que a este ritmo, en un siglo, esa zona del Paraguay volverá a ser el gran desierto que alguna vez, hace millones de años, fue.

Ante el alarmante panorama en el que las instituciones públicas, amparadas en leyes y disposiciones oficiales, son las que apañan lo que en un contexto de naciones concienciadas se considera ya inadmisible, urge una modificación de actitud.

Ello tiene que conllevar un cambio de legislación para establecer prohibiciones radicales y sanciones ejemplares, pero sobre todo una nueva mentalidad para preservar el medioambiente. La actual inconsciencia que favorece a los depredadores que solo quieren ganar dinero sin que importen las consecuencias de sus actuaciones en el ecosistema es una bomba de tiempo. Lo que hoy beneficia a unos pocos perjudica a la mayoría. El futuro que espera a nuestros hijos y nietos es desolador.

La única manera de evitar bochornos internacionales que nos enrostran nuestras miserias es adoptar ahora, no mañana, las medidas que han de poner freno a los asesinos de montes en el Chaco. Los de afuera pueden seguir poniéndonos en la vidriera mundial para ser vilipendiados, pero la solución está entre nosotros.