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Mundo
lunes 1 de agosto de 2016, 19:47

El caso de las esterilizaciones irá a la justicia internacional si no es atendido en Perú

Lima, 1 ago (EFE).- El Instituto de Defensa Legal de Perú (IDL) y una asociación de mujeres supuestamente esterilizadas sin su consentimiento dijeron hoy que acudirán a la justicia internacional de no cambiarse la resolución que archivó el pedido de denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori y varios de sus ministros.

El director del IDL, Carlos Rivera, indicó en una conferencia de prensa que junto a otros organismos defensores de derechos humanos se centrarán en los próximos días "en concentrar recursos de impugnación" para presentarlos a la fiscalía superior.

"La fiscalía decidirá si confirma o no la resolución de la fiscal Marcelita Gutiérrez, quien tuvo a cargo el caso; de confirmarla llevaríamos el caso a la justicia internacional", dijo Rivera.

En la rueda de prensa también participaron la excongresista Hilaria Supa y la presidenta de la Asociación de Mujeres de Huancabamba, Esperanza Huayama, quien reafirmó la decisión de "acudir a organismos internacionales para lograr justicia, verdad y reparación".

Ambas expresaron, su indignación por la decisión de la fiscal Gutiérrez que, según dijeron, terminó por "darle la espalda a las expectativas de justicia de miles de mujeres".

Rivera lamentó que luego de 15 años de investigación, la fiscal a cargo "destruya un mega caso que agrupaba a 2.074 personas que denunciaban haber sido esterilizadas forzosamente".

El director de IDL explicó que del total de casos, Gutiérrez "solo formalizó la denuncia contra cinco médicos en agravio de siete personas por el delito de lesiones graves".

"Queremos que la fiscal señale porque cree que las esterilizaciones forzadas no son crímenes de lesa humanidad y que no existe responsabilidad del Estado", dijo Rivera.

Gutiérrez fue criticada por no encontrar responsabilidad del expresidente Fujimori y los exministros de Salud Eduardo Yong, Alejandro Aguinaga y Marino Costa, al señalar que "no existen autores del crimen, porque no se pudo acreditar que existiera una organización criminal en el Estado".

"Se sabe que esta medida fue desarrollada por el Estado para reducir la pobreza por medio de esterilizaciones y que utilizó el sistema de salud pública para realizarlas", recordó Rivera.

Asimismo, se mostró suspicaz frente al análisis realizado por Gutiérrez, en el que no precisó el número de mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento, lo que "era el objetivo de la investigación", según dijo el director de IDL.

Huayama manifestó, por su parte, su indignación ante el Estado peruano, que a fines de 2015 oficializó la creación de un registro de víctimas de las esterilizaciones forzadas con el fin de identificar a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia.

"¿Cómo puede ser que el Estado que nos aseguró que tendríamos una reparación ahora nos niegue justicia y nos diga que mentimos y que nunca fuimos esterilizadas a la fuerza?", dijo Huayama.

La fiscal Marcelita Gutierrez decidió archivar el jueves pasado la denuncia contra el expresidente Fujimori y varias de sus autoridades de salud por considerar que estos no cometieron delitos de lesa humanidad ni autoría mediata (con dominio del hecho).

Durante el Gobierno de Fujimori se esterilizó a 272.028 mujeres y a 22.004 hombres, casi en su totalidad pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, según el organismo Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).

De esa cantidad, 2.074 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento, según cifras de las ONG.