El 16 de abril de 2015 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) destapó junto al Ministerio Público (MP) la red de defraudación aduanera que supuestamente lideraban Pérez Molina y la exvicepresidenta guatemalteca, Roxana Baldetti.
La última audiencia del caso se celebró en febrero pasado, pero fue suspendida y hasta ahora no existe una fecha para la reanudación del caso.
Durante los dos años transcurridos, los detenidos han presentado 26 amparos y 29 apelaciones, lo cual según el MP ha impedido que se celebre la denominada etapa intermedia en la que el juez Miguel Ángel Gálvez deberá resolver si los 62 procesados enfrentarán o no un juicio oral y público.
El MP recordó hoy en un comunicado que las pesquisas iniciaron en mayo de 2014 con la sospecha de que un grupo de importadores estaba involucrado en acciones de contrabando y tenía contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos.
“Al seguir con las investigaciones se estableció que la estructura era dirigida por la pareja presidencial del Partido Patriota, y sus principales operadores fueron Juan Carlos Monzón Rojas, quien era secretario privado de la Vicepresidencia, y Salvador Estuardo González Álvarez, quien fue contratado para llevarles las finanzas a ambos exfuncionarios”, explicó.
Estos dos junto al particular Jorge Alfredo Guillén Sagastume fueron aceptados como colaboradores eficaces del caso.
Tanto el MP como la Cicig sustentan la acusación contra los 62 implicados con pruebas científicas, más de 66.000 sesiones de interceptación telefónica, más de 6.000 comunicaciones electrónicas, análisis e interpretación de la información recolectada, y cotejo y análisis de documentación por expertos financieros.
Entre los otros procesados figuran exjefes de la Superintendencia de Administración Tributara (SAT), empresarios y particulares.
El abogado del expresidente Pérez Molina, César Calderón, dijo a medios locales que el retraso se debe también a los fiscales del MP que llevan el caso.
De acuerdo con Calderón, los “más perjudicados” son los procesados porque no se han cumplido los plazos que establece la ley, ya que se cumplen dos años cuando la normativa indica que la investigación debe durar tres meses si los acusados están presos o seis si están en libertad bajo fianza.
El caso de defraudación aduanera “La Línea” fue el primer gran escándalo de corrupción destapado por la Cicig y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), y llevó a las mayores protestas contra la corrupción en Guatemala hasta que la pareja presidencial renunció.
Baldetti renunció en mayo de 2015 y fue detenida en agosto del mismo año, mientras que Pérez Molina dejó el alto cargo en septiembre tras perder su inmunidad presidencial.
El Congreso nombró entonces al vicepresidente que había sido designado, Alejandro Maldonado Aguirre, como nuevo jefe de Estado para terminar el mandato de Pérez Molina, en enero de 2016.
“La Línea” fue la primera estocada en una lucha anticorrupción que continúa y fue seguida en 2016 por los casos “TCQ” (Terminal de Contenedores Quetzal) y “Cooptación del Estado”, por los que también están procesados Pérez Molina y Baldetti.
