La violenta reyerta de 17 horas en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj) es el cuarto gran motín en la región norte del país desde octubre y una más en la larga historia de tragedias carcelarias en Brasil, que sigue sin ser capaz de detener estos episodios.
“El sistema penitenciario brasileño es una bomba dispuesta a explotar y de vez en cuando explota en algunos lugares”, afirmó a Efe la socióloga Camila Caldeira Nunes, investigadora de la Universidad Federal del ABC -región metropolitana de Sao Paulo- y autora de varios estudios sobre el crimen organizado en Brasil.
En su opinión, la lucha entre las facciones criminales Familia do Norte (FDN) y el Primer Comando de la Capital (PCC), esta última con gran influencia en el estado de Sao Paulo, que originó la rebelión en la prisión de Manaos, “responde a unas condiciones de encarcelamiento inhumanas y degradantes”.
“El Estado es el principal responsable de esta tragedia que ocurrió en Manaus ahora”, denunció Caldeira Nunes.
En este sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) consideró en un comunicado que los hechos ocurridos en Manaos no son “incidentes aislados”, sino que reflejan “una situación crónica de los centros de detención en el país”.
En esa línea se manifestó Human Right Watch (HRW) que instó a Brasil a retomar el control de su sistema penitenciario, el cual, apuntó, está en manos de las facciones criminales, como la que incentivó la masacre en la prisión de Manaos, capital del estado de Amazonas.
HRW recordó que en octubre del año pasado otras 22 personas fallecieron en prisiones de los estados de Rondonia, Roraima y Acre, todos ellos en la región norte del país, y señaló que la población carcelaria creció un 85 % entre 2004 y 2014, mientras que el 40 % de los presos están a la espera de juicio.
Datos preliminares del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) señalaron además que el 65 % de las prisiones del país no tiene detectores de metales ni inhibidores para bloquear las señales de los celulares, que son utilizados por los reos para organizar sus actividades delictivas.
En paralelo a las investigaciones por parte de la policía brasileña para discernir las causas de la masacre y la masiva fuga de 184 internos de diferentes cárceles de Manaos, de los cuales solo ha sido capturados cerca de sesenta, el Gobierno Federal y estatal intentan disminuir sus responsabilidades en el caso.
“Hay informes del departamento de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Amazonas de que podría ocurrir esa fuga, que efectivamente acabó ocurriendo”, manifestó el ministro de Justicia de Brasil, Alexandre de Moraes, tras una reunión en Brasilia con la presidenta de la Corte Suprema, Carmen Lúcia Antunes, para tratar el tema.
El ministro reveló que “el Gobierno Federal en ningún momento fue informado ni recibió la solicitud de auxilio” por parte del estado de Amazonas para intentar prevenir posibles rebeliones y admitió que hubo “una serie de errores” que desembocaron en la matanza.
Asimismo, de Moraes restó importancia al papel de las facciones y trasladó la responsabilidad a la administración del Compaj sobre la posible entrada de armas, celulares y bebidas al centro penitenciario.
Por su parte, el gobernador del Estado de Amazonas, José Melo, afirmó en una entrevista en la emisora CBN que el suceso es el resultado del tráfico de drogas que se desarrolla en las prisiones y del hacinamiento carcelario en las mismas.
La superpoblación carcelaria “es un problema común en todos los estados”, aseveró Melo.
El presidente de Brasil, Michel Temer, por su parte, no se ha pronunciado hasta el momento de manera oficial, ante la que es la segunda mayor matanza en la historia carcelaria de Brasil.
Además de la matanza en el Compaj, ocurrida entre el 1 y el 2 de enero, otras cuatro personas fueron asesinados esos días en la Unidad de Prisión de Puraquequara (UPP), en la zona rural de Manaos, lo que elevó el balance final a sesenta muertos.
Las autoridades brasileñas informaron que han identificado hasta el momento unos cuarenta cuerpos, de los cuales una gran mayoría habían sido decapitados, sumado a aquellos que están descuartizados o carbonizados, lo que está dificultando las labores de los forenses.
Carlos Meneses Sánchez
