Esto unos días después de que se hicieran públicos los vínculos del exmandatario de Chile con una pesquera peruana que durante su Gobierno se vio favorecida por el fallo de La Corte Internacional de Justicia (CIJ) que redefinió los límites marítimos de Perú con Chile.
“Efectivamente lo que hay que hacer es diferenciar: una cosa son las inversiones del expresidente en la pesquera peruana y sus características, que está en la comisión investigadora de la Cámara e incluso sometidas a tribunales a través de una querella. Sobre eso el Gobierno no le compete emitir ninguna opinión”, dijo hoy Muñoz en una entrevista con radio Cooperativa.
“Otra cosa es poner en duda la defensa del Estado, de los intereses nacionales por parte de administraciones distintas, incluyendo la del expresidente Piñera”, añadió.
Para el canciller, el equipo liderado por Piñera hizo “el mejor esfuerzo para defender la soberanía”.
“Hay que entender que los casos de La Haya se llevan por parte de equipos colectivos y las autoridades máximas toman las decisiones, así que hay que permanecer con lo que ha sido una tradición de la política exterior: las decisiones en casos judiciales se toman como política de Estado”, destacó el ministro.
Muñoz aseguró que cuando se trata de defender intereses nacionales “aquí no hay diferencia entre Gobierno y oposición, nos ponemos todos de acuerdo”.
Informes publicados por El Mostrador y radio Biobío revelaron que Piñera realizó una importante inversión en una empresa peruana que se vio favorecida por el fallo de La Haya del 27 de enero de 2014.
“La campaña sucia ya empezó (...) No es la primera vez que se pretende confundir la opinión pública”, dijo el exmandatario durante una rueda de prensa el pasado lunes.
Perú demandó en 2008 a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que esta determinara el límite marítimo y se le reconocieran sus derechos soberanos de 200 millas marinas.
La empresa en cuestión es Pesquera Exalmar S.A., la cual tiene casi el 5 % de la cuota de pesca de la zona sur del mar peruano, que es la que se expandió a raíz del fallo.
Precisamente ahí y a través de Bancard, Piñera habría depositado parte de su patrimonio entre noviembre de 2010 y febrero de 2011, sin informarlo a otras autoridades.
