29 mar. 2024

El avance de la delincuencia en Amambay exige medidas

El dato es alarmante y refleja la casi total ausencia del Estado en un territorio crítico: el 80 por ciento de los crímenes del año pasado en el Departamento de Amambay fueron cometidos por asesinos pagados. La Policía Nacional, en ese contexto, es una institución que no garantiza la seguridad de la vida y los bienes de las personas y, con frecuencia, se suma a la rosca delictiva por acción u omisión. La situación no será superada si es que la clase política no cambia de actitud e introduce cambios radicales en esa región donde los delincuentes son los que determinan el curso de los hechos.

El reciente caso de Denilso Sánchez Garcete, intendente electo de Capitán Bado, muestra claramente la falta de institucionalidad que reina en la región. Prófugo de la Justicia, que le acusa de lavado de dinero supuestamente vinculado al narcotráfico, no solo juró ante la Junta Municipal el sábado 19 de diciembre, sino que pidió permiso por medio de una nota.

La Policía dijo que jamás vio al imputado y los miembros de la Junta Municipal se convirtieron en cómplices del que vivió algunos meses en la clandestinidad hasta entregarse el pasado domingo a la noche en una comisaría de Capitán Bado.

Lo que sucedió en torno al caso del hermano del diputado suplente del Partido Colorado Carlos Rubén Garcete, quien hasta hace poco estuvo en la cárcel imputado por delitos conectados también al narcotráfico, exhibe con claridad la ausencia del Estado en la conflictiva zona.

Ello explica por qué la delincuencia –sobre todo la vinculada al narcotráfico– se enseñorea en el territorio amambaiense.

El dato de que el 80 por ciento de los asesinatos en esa zona son cometidos por asesinos pagados por los autores intelectuales de los crímenes evidencia la ineficacia de las instituciones de seguridad ciudadana.

La institución más frágil es la Policía Nacional. La corrupción es la norma de muchos de sus efectivos que, en vez de perseguir a los que trafican drogas, se convierten en sus aliados.

A raíz del escándalo del juramento del político con orden de captura, el comandante de la Policía Nacional Críspulo Sotelo destituyó a los que ocupaban los cargos de jefe de Policía y jefe de Orden y Seguridad del Departamento de Amambay.

Ello, sin embargo, no va a ser la solución.

El simple cambio de hombres en la cúpula de una de las instituciones del Estado en la zona es solo una forma de acallar momentáneamente a la opinión pública, pero se deja intacta toda la estructura de vinculación de los uniformados y demás funcionarios con los que detentan el poder real, en la marginalidad.

Por su nivel de delincuencia, por la ausencia de institucionalidad y por el incremento constante del poder de los que buscan conexiones políticas para conseguir impunidad, el Departamento de Amambay exige una urgente cirugía mayor por parte del Gobierno.

Si no se toman medidas urgentes, dentro de poco, la ausencia del Estado se va a convertir en un problema que afectará a todo el país.

Es necesario que el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial intervengan con todo el peso de la ley para que el Departamento de Amambay no quede totalmente en manos de los narcotraficantes y otros delincuentes.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.