El reciente caso de Denilso Sánchez Garcete, intendente electo de Capitán Bado, muestra claramente la falta de institucionalidad que reina en la región. Prófugo de la Justicia, que le acusa de lavado de dinero supuestamente vinculado al narcotráfico, no solo juró ante la Junta Municipal el sábado 19 de diciembre, sino que pidió permiso por medio de una nota.
La Policía dijo que jamás vio al imputado y los miembros de la Junta Municipal se convirtieron en cómplices del que vivió algunos meses en la clandestinidad hasta entregarse el pasado domingo a la noche en una comisaría de Capitán Bado.
Lo que sucedió en torno al caso del hermano del diputado suplente del Partido Colorado Carlos Rubén Garcete, quien hasta hace poco estuvo en la cárcel imputado por delitos conectados también al narcotráfico, exhibe con claridad la ausencia del Estado en la conflictiva zona.
Ello explica por qué la delincuencia –sobre todo la vinculada al narcotráfico– se enseñorea en el territorio amambaiense.
El dato de que el 80 por ciento de los asesinatos en esa zona son cometidos por asesinos pagados por los autores intelectuales de los crímenes evidencia la ineficacia de las instituciones de seguridad ciudadana.
La institución más frágil es la Policía Nacional. La corrupción es la norma de muchos de sus efectivos que, en vez de perseguir a los que trafican drogas, se convierten en sus aliados.
A raíz del escándalo del juramento del político con orden de captura, el comandante de la Policía Nacional Críspulo Sotelo destituyó a los que ocupaban los cargos de jefe de Policía y jefe de Orden y Seguridad del Departamento de Amambay.
Ello, sin embargo, no va a ser la solución.
El simple cambio de hombres en la cúpula de una de las instituciones del Estado en la zona es solo una forma de acallar momentáneamente a la opinión pública, pero se deja intacta toda la estructura de vinculación de los uniformados y demás funcionarios con los que detentan el poder real, en la marginalidad.
Por su nivel de delincuencia, por la ausencia de institucionalidad y por el incremento constante del poder de los que buscan conexiones políticas para conseguir impunidad, el Departamento de Amambay exige una urgente cirugía mayor por parte del Gobierno.
Si no se toman medidas urgentes, dentro de poco, la ausencia del Estado se va a convertir en un problema que afectará a todo el país.
Es necesario que el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial intervengan con todo el peso de la ley para que el Departamento de Amambay no quede totalmente en manos de los narcotraficantes y otros delincuentes.