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Mundo
domingo 30 de abril de 2017, 11:06

El aumento salarial pone en jaque a las empresas y estabilidad de empleo en Bolivia

La Paz, 30 abr (EFE).- El aumento salarial anunciado para este año por el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha puesto en jaque a las empresas y les ha generado un marcado pesimismo acerca del futuro del sector formal en medio de la desaceleración económica.

El gobernante y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron que el salario mínimo nacional subirá en un 10,8 %, hasta los 287 dólares, y el salario básico o de contratación crecerá en un 7 %, cifras muy por encima de la inflación del 4 % registrada en 2016.

Se trata de un aumento obligatorio y retroactivo a enero que se hará efectivo a partir de este lunes, 1 de mayo, cuando Morales firme el decreto respectivo en el Palacio de Gobierno de La Paz.

Los niveles del incremento salarial han provocado un airado y general rechazo de parte del sector privado, al que desde 2006 se le excluye de participar en las mesas de negociación formadas por el Gobierno y la COB, pero luego se le impone la medida acordada.

A diferencia de otros años, es llamativo que el propio Morales haya reconocido estos días en un documento firmado entre su Gobierno y la COB y en declaraciones a los medios que el aumento del salario mínimo puede generar desempleo, perjudicando a los trabajadores.

Morales dijo que él salvaba su responsabilidad sobre los efectos de algunas políticas que pueden causar desempleo, achacando la medida a la "intransigencia de algunos dirigentes" sindicales.

Las palabras del gobernante fueron vistas como un intento de marcar una distancia respecto del aumento del salario mínimo o de "lavarse las manos", lo que ha dado mayores argumentos al sector privado para considerar que esa decisión no tiene justificativo.

El aumento del salario mínimo repercute en incrementos de otros costos laborales en las empresas asociados a los derechos sociales.

A los empresarios también les ha sorprendido que el Gobierno haya anunciado excepciones en la aplicación del aumento salarial para el caso de empresas deficitarias estatales, mientras que los privados están obligados a asumir la medida decidida políticamente.

En este punto, también se ha criticado al Gobierno por su visión "estandarizada" de la empresa privada, que tiene unos sectores con perspectivas de crecimiento y otros con horizontes no promisorios.

Morales reaccionó pidiendo a los empresarios reconocer que el modelo económico, del que es parte su política salarial, permitió el crecimiento del país, cuyo PIB pasó de 9.000 millones de dólares a 34.000 millones en el período 2006-2016.

En once años, el salario mínimo creció en un 354 % y el salario básico acumuló un aumento de cerca del 90 %, según diversas fuentes.

En 2016, el salario medio nominal en el sector público era de 525 dólares y en el privado fue de 627 dólares, aunque el salario real es menor casi en un tercio en ambos casos, según cifras oficiales.

Aunque el presidente de los empresarios, Ronald Nostas, admite que el sector ha crecido junto con la economía del país gracias al aumento de la demanda, la inversión pública y la estabilidad, también pronostica un proceso de decrecimiento e inestabilidad en las empresas y sostiene que, en efecto, la política salarial sí será responsable de una mayor precariedad laboral.

Para la confederación empresarial que lidera Nostas, el aumento es "grave" e "incomprensible" y supondrá un gasto extra de 319 millones de dólares en un momento de "franca desaceleración".

Una señal de la ralentización de la todavía pequeña economía boliviana es que el crecimiento de 2016 quedó en 4,3 % (inferior al 4,9 % de 2015) y que fue la menor tasa del último quinquenio.

Las críticas del sector privado están llenas de pesimismo acerca del futuro de los puestos de trabajo formales que cumplen con las leyes sociales y que benefician solo al 30 % de la población económicamente activa, frente al 70 % de informalidad.

Para el presidente de la Cámara Nacional de Industria, Horacio Villegas, varios de sus empresarios asociados se verán obligados "a reducir empleos y, en el peor de los casos, al cierre de empresas afectando el tejido productivo del país".

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Freddy Suárez, apuntó que no solo afrontan problemas a causa de la sequía, sino también por el contrabando que afecta la producción.

"Si el Gobierno no se va a hacer cargo de posibles desempleos, tampoco lo hará la CAO", agregó el líder del sector productivo.

El valor de las exportaciones de gas natural se ha derrumbado por sus bajos precios, pero también ha caído la venta de los productos no tradicionales, dando otras señales de que la economía boliviana ya no se comporta como en el tiempo de la bonanza previa.

Javier Aliaga