Este impulso estaría condicionado a la eliminación de los aranceles en el comercio entre ambas partes, que según esta misma fuente suponen un coste de unos 4.400 millones de euros anuales para los exportadores europeos.
En concreto, España abona en torno a 400 millones del monto total.
“Si consiguiéramos eliminar estos aranceles de manera inmediata, serían 4.400 millones de euros extra para los exportadores europeos, 400 para las empresas españolas, y nuestro cálculo es que duplicaríamos las exportaciones en menos de cinco años”, sostuvo la fuente.
La Comisión Europea (CE) y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) mantuvieron del 20 al 24 de marzo en Buenos Aires una nueva ronda de negociaciones de cara a un posible acuerdo comercial entre ambos bloques.
En un informe publicado en la web del Ejecutivo comunitario como medida de transparencia, la CE señaló que se habían producido avances en las conversaciones, si bien las partes mantienen sus diferencias sobre cuestiones agrícolas o el acceso a los mercados.
Pese a la existencia de algunos “capítulos difíciles”, la fuente comunitaria consultada hoy indicó que las negociaciones se encontraban “muy avanzadas”, en parte gracias a la “gran recepción y disponibilidad” del presidente de Argentina, Mauricio Macri, para alcanzar este acuerdo.
La ministra de Asuntos Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, se reunirá esta tarde en Bruselas con la comisaria europea de Comercio, Cecilia Mälmstrom, para avanzar en las negociaciones.
Los cuatro países del bloque del Mercosur son, insistió la fuente, un mercado de 250 millones de personas “muy atractivo” y similar al europeo, y cuentan ya con “una enorme presencia” de empresas comunitarias.
“Incluso un sector que tiene dificultad para competir a nivel global, como el acero europeo, tendría en Mercosur un mercado enorme porque podría competir con el acero chino con la ventaja competitiva de no tener cargas arancelarias”, señaló.
La meta de la Comisión es concluir las negociaciones con el Mercosur a finales de 2017.
Por su condición de acuerdo de asociación mixto, los parlamentos de los Estados miembros deberán ratificar su contenido una vez consiga la aprobación de las instituciones comunitarias.
