La encuesta, en la que participaron 5.700 hogares de áreas urbanas de distintos puntos del país, refleja que el incremento en la percepción de la venta de drogas en el propio lugar de residencia se produjo en todos los estratos sociales.
La excepción ha sido en los asentamientos precarios, donde, pese a que con una incidencia del 76,7 %, el número de habitantes encuestados que afirma conocer que allí se vende droga disminuyó tres puntos porcentuales en 2016.
El estudio indica además que la percepción de venta de drogas en las zonas residenciales aumentó 24 puntos en los barrios vulnerables de la periferia de Buenos Aires entre 2010 y 2016, hasta el 52,2 %, mientras que en la capital argentina el incremento fue de 14,2 puntos, hasta un 43,9 %.
Asimismo, la UCA anunció las conclusiones de un estudio elaborado tras encuestar a 660 jóvenes, de entre 17 y 25 años, residentes en los quince barrios más pobres de la provincia de Buenos Aires.
El documento refleja que “casi un cuarto” de los encuestados registra una “prevalencia alta de consumo”, el doble que en zonas no vulnerables, explicó en declaraciones a los medios el director de Investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia.
En este sentido insistió en que, a pesar de que el 70 % de los que realizan un consumo elevado conoce la existencia de programas de rehabilitación, solo un 10 % participó en uno de ellos.
El estudio señala que el 36 % de los jóvenes que residen en áreas vulnerables consume semanalmente sustancias ilegales y más del 11 % muestra síntomas de dependencia al alcohol.
En esta línea, Salvia afirmó que el alcohol, aunque sea legal, representa una fuerte amenaza porque en muchos casos es el “inicio” de un proceso que deriva en la ingesta de otras sustancias.
Para Salvia, las conclusiones apuntan a que ha habido un avance no solo del narcotráfico, sino también del “narcomenudeo” y de las adicciones.
En su opinión, se trata de una problemática de fondo que debe ser tratada desde una perspectiva inclusiva y la solución no está en criminalizar a los jóvenes que, a su juicio, son “víctimas”.
Por su parte, el director de Gestión Institucional del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Juan Cruz Hermida, afirmó que los datos arrojados por el estudio demuestran la “necesidad” de desarrollar una política de Estado que traspase “los gobiernos de turno”.
Además, Hermida aseguró que es preciso poner el punto de mira en los adolescentes de entre 15 y 18 años porque hasta ahora no hay planes centrados en este sector y subrayó la necesidad de implicar a la comunidad afectada en el diseño y la implementación de los planes que se desarrollen.
