La sanción del proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, se produjo luego de que los senadores que la desaprueban solo alcanzaron 15 de los 30 votos que necesitaban para rechazarlo y sea enviado al archivo.
Arnaldo Giuzzo, senador opositor del Partido Democrático Progresista (PDP), fue uno de los principales oradores y cuestionó la propuesta legislativa. Advirtió que el proyecto aprobado por la Cámara Baja no contempla ningún tipo de generación de empleo y más bien se centra en establecer beneficios impositivos para las empresas inversoras. En este caso, citó la invariabilidad por diez o más años en el pago del impuesto a la renta para capitales que van desde 50 millones de dólares.
Sostuvo que también existe el peligro de que cualquier empresa que ya esté operando en plaza solo aumente un poco su nivel de inversión para terminar pagando menores impuestos.
Por su parte, la senadora Desirée Masi, también del PDP, refirió que el Paraguay es uno de los países que tiene niveles impositivos más bajos de la región. Por ende, sostuvo que no se requiere dar más excepciones para capitales extranjeros.
Alertó que esta ley echa por tierra la política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP), debido a que le otorga un tipo de cambio preferencial al inversor extranjero en la moneda que le convenga.
ÁCIDO. A su turno, el senador de Frente Guasu Hugo Richer fue más que ácido en torno a lo que representa esta ley para el país, al punto que generó risas del pleno por su comentario. Consideró que lo que establece esta ley es “bajarse los pantalones y agacharse”, en relación a los excesivos beneficios y las exenciones otorgados a los capitales de inversión que lleguen a instalarse en el país.
En respuesta, los colorados Mirta Gusinky y Luis Castiglioni de la ANR y el liberal Fernando Silva Facetti hablaron a favor del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados.
Gusinky recordó que esta legislación permite y obliga que las inversiones se hagan en zonas que tengan poco desarrollo y cantidad de mano de obra ocupada.
Al final, quedó sancionada la ley con el texto de Diputados y el proyecto pasó al Ejecutivo para su promulgación.