Según el mensaje del Ejecutivo, la propuesta contempla la acumulación de sanciones monetarias, la graduación en la aplicación de las mismas teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, número de sucursales o depósitos, tipo de actividad o giro comercial, entre otros, y la eximición de las mismas en el caso de regularización voluntaria de los incumplimientos.
El proyecto se centra en la reorganización del Capítulo III, del Libro V de la Ley N° 125/1991 (de Reforma Tributaria), estableciendo sanciones principales (multas fijas y proporcionales) y complementarias (suspensión temporal del establecimiento y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas y beneficios fiscales, entre otras), siguiendo la tendencia recomendada en el modelo de código tributario OEA/BID.
Con este proyecto, se busca actualizar el marco normativo que contempla un régimen sancionador más disuasivo, acorde con las normas de los demás países de la región, entre otros.