Aseguró que ya recibieron varias denuncias ciudadanas que refieren ciertas irregularidades en el proceso de recolección de firmas por parte de los fieles al mandatario.
Alegó que varios dirigentes del oficialismo “ejercieron presión” en instituciones públicas para conseguir su cometido.
Inclusive, recordó el despido del funcionario Bruno Garay Saldaña, del Hospital Los Ángeles, por negarse a firmar la planilla del oficialismo.
Alegre sostuvo que días atrás las autoridades del TSJE dieron a conocer que no facilitarán copias de los documentos, lo que generó molestia en el sector disidente.
“Ahora resulta que es una especie de un archivo secreto todo esto. Realmente es algo público. Escuché que referentes dicen que no van a proveer porque es una cuestión reservada, que no está disponible para la gente”, añadió.
Las 360.000 firmas que se juntaron hasta la fecha es en concepto de “rúbricas populares” bajo la iniciativa denominada Que la gente decida, haciendo alusión que la ciudadanía es la que debe decidir en un referéndum.
“Se les daba el padrón y las planillas a los funcionarios públicos y se les obligaba a firmar para que sigan en sus cargos”, arremetió el liberal
Los colorados cartistas buscan tratar un proyecto de enmienda que ya fue rechazado en el Senado y enviado al archivo en dos ocasiones: una en el Senado y otra en Diputados. Esto pasó en 2016.
