Cuatro de esos miembros son de origen puertorriqueño y el octavo integrante es el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, quien tiene voz pero no voto en la junta, creada en virtud de la llamada ley “Promesa” para caminar hacia la reestructuración de la deuda de más de 70.000 dólares de Puerto Rico.
La Casa Blanca anunció en un comunicado a los elegidos, que son Ana Matosantos, José Ramón González y Arthur González, del lado demócrata, y Carlos García, José Carrión, Andrew Biggs y David Skeel del republicano.
La ley “Promesa”, aprobada por el Congreso de EE.UU. y firmada por el presidente Barack Obama el pasado 30 de junio, da un margen de unos meses al Gobierno local para reestructurar su deuda sin que los acreedores puedan demandarlo.
A cambio, la ley establece la imposición de una junta federal de control fiscal que supervisará la actividad gubernamental y las finanzas.
La primera tarea de esa junta será revisar y certificar el plan fiscal que el gobernador de la isla prevé presentar hacia mediados de septiembre, según detalló bajo anonimato un alto funcionario estadounidense.
En el comunicado divulgado por la Casa Blanca, Obama destacó que la tarea que le queda por delante a Puerto Rico “no es fácil”, pero mostró su confianza en que la isla está “preparada para el desafío de estabilizar la situación fiscal, restablecer el crecimiento y construir un futuro mejor para todos los puertorriqueños”.
La selección de los miembros de la junta por parte del Gobierno se hizo en colaboración con los líderes de las mayorías republicanas en el Senado y la Cámara baja, Mitch McConnell y Paul Ryan, respectivamente, y de las minorías demócratas, Harry Reid y Nancy Pelosi.
Ryan destacó, en otro comunicado, que los miembros de la junta “tienen lo que se necesita para servir a Puerto Rico y ayudar a poner a ese territorio en el camino hacia la salud fiscal”.
Hoy decenas de personas se manifestaron en Puerto Rico contra la la ley “Promesa” y la imposición de la junta de control fiscal.
Dentro de EE.UU., algunos senadores como el demócrata Robert Menéndez o el independiente Bernie Sanders, excandidato a la Casa Blanca, han calificado esa ley como “colonialista” e “intervencionista”.
