Este análisis se realiza en el marco de la reglamentación de la reciente Ley Nº 5738/16 que prohíbe que directivos de instituciones educativas del sector privado o privado subvencionado suspendan exámenes o entregas de documentos por moras.
“Ya está en la ley las sanciones previstas, pero lo que tenemos que hacer es establecer hasta qué montos dependiendo de cada caso deberán abonar los colegios” argumentó la directora de la Niñez, Sonia Escauriza.
La normativa indica multas administrativas desde uno hasta cincuenta jornales míminos, equivalentes a más de G. 98 millones.
La normativa ganó notoriedad en las últimas semanas gracias a las decisiones de centros educativos como el Rosenstiel de Pedro Juan Caballero o el Santa Clara.
En este establecimiento privado católico denuncian que al menos tres alumnos fueron discriminados en un acto de colación, por las deudas que sus padres mantienen con la entidad.
Sonia Escauriza destacó que este año se dieron más denuncias porque la gente conoce la nueva ley y está informada sobre sus alcances. “Es importante denunciar”, aseveró.
