La recomendación para el curso favorable al relacionamiento con esa empresa fue hecha por el concejal Daniel Centurión, defensor del Dictamen A. El mismo obtuvo 11 votos contra 7 del Dictamen B, defendido por el edil Rafael Villarejo, que pedía rechazar por inconstitucional la figura del convenio y llamar a licitación para conceder a la empresa que ofrezca mayor ventaja para los intereses de la ciudad.
Precisamente Villarejo sentenció que Pro Urbe SA tendrá una ganancia de G. 8.100 millones por el mantenimiento de 135 resguardos existentes en diferentes puntos de la capital y la explotación de carteles publicitarios en los mismos, sin perjuicio de poder construir otros en el futuro inmediato.
Dijo que es una falacia que se otorgue este beneficio a la referida empresa bajo el argumento de que no existen oferentes, atendiendo que Rodríguez Hermanos expuso su interés en encargarse del cuidado de estas estructuras, recibiendo como respuesta de la misma asesoría de Intendencia que todo se iba hacer en el marco de lo establecido en la Ley de Concesiones, lo cual al final no se respetó.
Sentenció que es llamativo que a 40 días de las elecciones municipales se apele a este tipo de medidas, en momentos en que en algunos refugios ya aparece publicidad del intendentable Arnaldo Samaniego.
El edil Yamil Esgaib puntualizó que se trata de una concesión provisoria y que una vez que se defina una licitación, Pro Urbe deberá dejar de atender estos resguardos.
