La acusación también es por reintegros del 25% sobre los neumáticos utilizados en la obra y que según la acusación “no contó con respaldo normativo ni documental” para ello. Las acusaciones son contra Guillermo Arturo Henin, ex presidente de la Consultora Dictar SA; contra Robert Jacques Ortega, por su actuación en el marco de las funciones desempeñadas en la adjudicataria de la obra; y contra Ute Eriday y Gianfranco Rizzo en su carácter de responsable de Impreglio SA, una de las principales firmas integrantes del citado consorcio contratista.
La causa se inició en 1988 con la denuncia del ex funcionario de Yacyretá Alberto Aseff y la Corte Suprema de Justicia evitó la prescripción del caso, que ahora queda al borde del juicio oral y público con el pedido fiscal. Los reembolsos fueron tramitados por el régimen de la Ley 20852, que preveía “beneficios” para la industria nacional en licitaciones internacionales.
