“Dadme una pequeña extensión de quizá unos 6 meses más”, afirmó anoche el jefe de Estado filipino, que durante su campaña electoral había prometido que acabaría con el crimen y las drogas del país asiático en su primer medio año de mandato.
“No tenía ni idea de que había cientos de miles de personas involucradas en el negocio de las drogas”, explicó Duterte durante una comparecencia ante la prensa, según el medio local “Rappler”.
“Lo peor es que está operado por gente en el gobierno, especialmente los que ocupan cargos elegidos en los comicios. Así que sería gobierno contra gobierno”, agregó.
Duterte ganó holgadamente las elecciones presidenciales de Filipinas el 9 de mayo pasado con un mensaje populista en el que prometió acabar con la lacra de la droga en sus primeros seis meses de mandato.
Desde entonces, ha dado órdenes a la Policía de disparar a matar a todo el que se resista a ser arrestado y ha llamado en varias ocasiones a ciudadanos a acabar con todo el que esté involucrado en las drogas.
Cerca de 3.500 supuestos narcotraficantes y drogadictos han muerto desde que empezó a gobernar, cerca de 1.500 en operaciones policiales y el resto víctimas de grupos de ciudadanos que se han tomado la justicia por su mano.
Además, unos 715.000 traficantes y adictos a las drogas se han entregado a las autoridades, más de 17.000 personas han sido detenidas y se ha reducido el suministro de estupefacientes en un 90 por ciento, de acuerdo con la Policía.
El mandatario filipino ha recibido numerosas críticas por su plan contra las drogas, que según organizaciones internacionales como la ONU es “ilegal y vulnera los derechos y libertades fundamentales”.
Sin embargo, Duterte ha rechazado esos comentarios y se ha defendido al asegurar que la drogadicción en uno de los mayores problemas a los que se enfrenta Filipinas y que esta podría destruir las futuras generaciones.
