“Estaría dispuesto a fijar una recompensa por sus cabezas, las de policías que protegen a sindicatos de la droga”, dijo Duterte en un discurso televisado por la celebración del día de los héroes nacionales.
“Vended a esos amigos. Quiero que la Policía y las Fuerzas Armadas destruyan el aparato de la droga en este país”, añadió.
El mandatario filipino reiteró la defensa de su controvertida campaña contra la droga, que en los dos primeros meses ha causado cerca de dos mil muertos, y dio garantías de impunidad a los agentes que la lleven a cabo.
“Tenéis mi apoyo, tendréis todo lo necesario para luchar contra los criminales. Siguiendo mis indicaciones no tendréis que preocuparos por consecuencias penales (...) Iré a prisión por vosotros. Asumo plena responsabilidad legal”, aseguró.
“Seré duro como no lo he sido nunca. No voy a ceder. La campaña continuará. Terminaré esta guerra contra la corrupción, las drogas y el crimen”, dijo el presidente filipino.
La guerra contra la droga ordenada por Duterte ha recibido numerosas críticas de varias organizaciones, incluida la ONU, tanto por la elevada cifra de muertos como por lo que consideran violaciones de derechos y libertades fundamentales.
Duterte, de 71 años y quien juró el cargo el 30 de junio, respondió a las críticas con que “le da igual” los derechos humanos y la cantidad de muertos porque se trata de una medida necesaria.
En un discurso el viernes ante militares, el presidente filipino argumentó que su campaña contra el narcotráfico no atenta contra los derechos humanos al cuestionar que los consumidores de drogas sean seres humanos.
Desde el inicio de la campaña presidencial el 1 de julio más de 1.900 personas han muerto, 756 de ellas en operaciones policiales, y más de 670.000 se han entregado a las autoridades, según indicó la Policía hace una semana ante una comisión del Senado.
Pese a la violenta campaña, Duterte mantiene su popularidad, que se sitúa en el 91 por ciento en las encuestas, la puntuación más alta recibida jamás por un jefe de Estado filipino.
