De acuerdo con la información propalada desde las máximas esferas del Gobierno en el día de ayer, la acción librada el pasado miércoles en Yby Yaú, Departamento de Concepción, por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) supuso el acorralamiento y la persecución de los integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP); por lo tanto, la misma debe ser calificada como un logro. De éxito, incluso, la tildó el ministro del Interior, Francisco De Vargas.
Si en algún momento, al efectuar un balance de la operación, pudiera hacerse abstracción del hecho de que el matrimonio de ciudadanos alemanes que estaba en poder de los violentos acabaron salvajemente torturados y asesinados, y que ningún miembro del grupo criminal fue interceptado, detenido y puesto a disposición de la Justicia o, en última instancia, ultimado, estaríamos de acuerdo en considerarlo un hecho auspicioso; pero desgraciadamente esto no es así.
El cobarde asesinato de Robert Natto y Erika Reiser, así como la fuga de los responsables de ese acto deleznable, ahonda en la ciudadanía un justificado sentido de frustración y escepticismo en torno a los resultados que arroja el combate que el Gobierno libra contra los terroristas del EPP.
La expectativa de la población era, obviamente, que con el transcurso del tiempo se cumpliría aquella promesa que el presidente Horacio Cartes formuló solemnemente el día de su juramentación, hace casi un año y medio, cuando anunció que sería “implacable en restablecer el orden y la presencia del Estado en toda la República”. “Puedo asegurarles”, aseveraba el entonces novel mandatario, “que no nos van a marcar la hoja de ruta ni criminales ni grupos armados en un país donde el estado de derecho y la Justicia serán ofrecidos a todos los habitantes de nuestro país”.
Para dar cumplimiento a esta promesa, el Parlamento aprobó incluso, con insólita celeridad, la reforma de la Ley de Defensa, de forma tal que el comandante en jefe de la Fuerzas Armadas tuviera las herramientas pertinentes para dar cara a los violentos.
Pasados dieciocho meses de su asunción al mando, sin embargo, no existen señales claras de que se esté evitando que los energúmenos del EPP marquen la “hoja de ruta” del Gobierno. Cabe, por tanto, que la cabeza del Ejecutivo, en el uso legítimo –y también responsable– de las graves obligaciones que la Constitución le asigna, ordene el cambio de estrategia que sea pertinente para producir una reconducción en la lucha que el Estado libra contra los criminales ideologizados.
Este giro tendría que incluir, desde luego, los relevos que sean del caso, tanto en el ámbito militar como en el civil. Es no solo la credibilidad de nuestro primer magistrado la que está en juego, sino también la seguridad y la paz de todos los que habitamos el territorio de la República del Paraguay.
