El juez penal de Garantías, Paublino Escobar, otorgó dicha salida procesal, teniendo en cuenta que fue solicitado por ambas defensas y posteriormente la fiscala Teresa Sosa, así como los representantes de la querella adhesiva, se allanaron.
Sin embargo, los sentenciados deberán cumplir ciertas reglas, como por ejemplo donar 200.000 guaraníes cada mes a la Fundación San Rafael, del padre Aldo Trento, por un plazo de dos años.
Así también tienen prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin la autorización del Juzgado de Ejecución, y finalmente deben presentarse ante el juzgado todos los meses.
La acusación fue por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y alteración de datos relevantes.
Según las investigaciones, los alumnos pagaban a los ahora sentenciados y luego se ausentaban en los días de exámenes. Después, las actas de los exámenes se alteraban para otorgarles altas notas.
La representante del Ministerio Público había mencionado que conseguir mejores notas en la carrera de Derecho costaba entre G. 700.000 y G. 1.200.000.
Incluso llegó a señalar que los ex funcionarios hasta ofrecían a los estudiantes descuentos por realizar varios cambios de notas.
El caso de compraventa de calificaciones surgió luego de que el 5 de marzo del año 2014, el archivo central de la institución educativa remitiera una nota a la Secretaría General de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas respecto a un acta, en donde no había coincidencia de notas en un certificado de estudios de la alumna María Cándida Bogado, lo que motivó la investigación interna.
salidas e incidentes. Por otra parte, el magistrado decretó la suspensión condicional de procedimiento por dos años para la ex alumna Antonella Sandoval Reinau, ya que la encausada admitió que cometió el delito.
En tanto la audiencia para otros ex alumnos fue suspendida, a raíz de que recusaron al juez Escobar.
