20 abr. 2024

Dominicanos se manifiestan ante el posible cambio en la penalización del aborto

Santo Domingo, 16 dic (EFE).- Partidarios y contrarios a la despenalización del aborto se congregaron hoy frente al Congreso Nacional dominicano, que debe decidir si acoge las observaciones que hizo el presidente Danilo Medina al nuevo Código Penal por los artículos relacionados con la interrupción del embarazo.

El Gobierno ha señalado que comparte la penalización del aborto que contempla el Código Penal, pero considera que se debe hacer una excepción en tres supuestos: cuando está en peligro la vida de la mujer, cuando la madre ha sido víctima de violación o inc

El Gobierno ha señalado que comparte la penalización del aborto que contempla el Código Penal, pero considera que se debe hacer una excepción en tres supuestos: cuando está en peligro la vida de la mujer, cuando la madre ha sido víctima de violación o inc

El Gobierno ha señalado que comparte la penalización del aborto que contempla el Código Penal, pero considera que se debe hacer una excepción en tres supuestos: cuando está en peligro la vida de la mujer, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.

La polarización entre los diputados sobre este tema, incluso en el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), hace prever un extenso debate en el hemiciclo.

Antes de que se iniciara la sesión, en los alrededores del Congreso Nacional (bicameral) se manifestaron defensores de los derechos de la mujer y de la sociedad civil, así como representantes de las iglesias católica y evangélicas, con posiciones encontradas sobre el asunto.

Además, un grupo de políticos, artistas e intelectuales hizo público un comunicado para respaldar la decisión de Medina de observar la recién aprobada reforma del Código Penal, por los artículos relacionados con el aborto, que está penalizado en todos los casos en el país.

Uno de los artículos es el 107, referente a la interrupción del embarazo, que el Poder Ejecutivo considera que “no satisface las exigencias que se derivan del principio de legalidad”.

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