24 abr. 2024

DNCP declara irregulares las compras simplificadas realizadas en Paraguarí

La investigación de oficio de Contrataciones Públicas, a raíz de las investigaciones de ÚH, demostró que los beneficiados con el plan para pequeños productores son intermediarios y hubo sobreprecios.

Resolución.  El 7 de enero pasado la DNCP declaró irregular el proceso aplicado en Paraguarí.

Resolución. El 7 de enero pasado la DNCP declaró irregular el proceso aplicado en Paraguarí.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) declaró irregular la modalidad de compra simplificada aplicada por la Gobernación de Paraguarí, implementada con el Decreto 1056/13, firmado por el presidente Horacio Cartes, para adquirir productos de la agricultura familiar para el almuerzo escolar, con el objetivo de introducir a los pequeños productores al mercado de las compras públicas.

La DNCP hizo una investigación de oficio en el citado departamento, a raíz de las publicaciones de ÚH que evidenciaron la violación del Decreto 1056/13, utilizado para beneficiar a intermediarios, comerciantes, operadores políticos y no a los pequeños agricultores, tal como disponía el documento del Ejecutivo.

Cabe recordar que la modalidad de compra simplificada se implementó como plan piloto para que los pequeños productores vendan productos frescos para el almuerzo escolar. Las gobernaciones de Misiones y Paraguarí fueron “los valientes” que aplicaron el sistema, según los calificó en su momento el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molinas.

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En Paraguarí fueron adjudicados 6 oferentes de productos agrícolas y todos se beneficiaron con contratos con base en declaraciones juradas falseadas, ya que no contaban con la cantidad ni variedad de los productos ofertados.

El dictamen señala que los productos se compraron del Mercado de Abasto para cumplir con lo ofertado, hecho prohibido por el decreto. En paralelo, en Ybytymí quedaron relegados 500 productores que sí contaban con otros productos con los que se pudo complementar, según sostuvieron en su momento técnicos de este Municipio.

Irregularidades. Todas las evidencias de irregularidades publicadas por este diario fueron constatadas y comprobadas por la DNCP.

Intermediarios disfrazados de productores, declaraciones juradas falseadas de la cantidad y variedad de productos cultivados, sobreprecios, publicados por este diario, fueron confirmados por la DNCP.

Los proveedores no están inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf), como estaba estipulado por el decreto. En el mejor de los casos, se registraron con posterioridad a la ejecución del contrato.

“A base de que la investigación de oficio demostró irregularidades, se abrió un sumario para establecer las penas correspondientes que podrían ir desde una amonestación o penas hasta tres años con imposibilidad de ser proveedores del Estado en cualquier modalidad que se encuentre bajo la competencia de la Ley 2051", indicó Santiago Jure, director de la DNCP.

Se comunicará a la Fiscalía una vez concluido el sumario instruido a los proveedores, a fin de que determine, dentro de su competencia, las sanciones correspondientes, sostuvo Jure.

La DNCP también refirió que la Gobernación a cargo de Miguel Cuevas es la responsable de las irregularidades detectadas, por ser la unidad ejecutora.

El jefe departamental ya está ligado con intermediarios involucrados en escándalos de corrupción. Cabe recordar que en la declaración jurada de Cuevas figura que la mitad de su fortuna está en manos de Silvio Riveros, dirigente que fue investigado por la Fiscalía por estafa y otros.

Sobreprecios. Los precios incorporados por la Gobernación en su pliego de bases y condiciones superaron ampliamente los valores de referencia del Ministerio de Agricultura y ganadería (MAG). El informe subraya que era obligación de la convocante adecuarse a las cotizaciones referenciales del citado ministerio.

En el dictamen figura un ejemplo de sobreprecio; “el tomate a la fecha de publicación del llamado se encontraba a G. 2.931 el kilo; sin embargo, la convocante ha establecido en el PBC como precio estimativo el valor de G. G. 13.300 el kilo”.

La Gobernación de Paraguarí entregó productos antes de la emisión de orden de compra, no se hicieron los controles de calidad, no proveyó orden de pago de varias facturas en el caso de un proveedor, por lo que no se sabe a favor de quién se realizó el pago. Ahora los hechos están bajo sumario y luego se derivarán a la Contraloría y a la Fiscalía, según Jure.

Para el ministro contra la Pobreza, Juan Carlos Baruja, cabeza del plan, lo ocurrido en Paraguarí fue “exitoso”, según defendió en varias ocasiones.

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