Miembros del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) llevaban una marcha pacífica, pero cuando llegaron frente al Ministerio Público, al parecer un grupo de estudiantes “universitarios infiltrados” comenzaron a lanzar piedras contra las fuerzas del orden.
Un oficial de la Policía Nacional dijo a periodistas que los supuestos “universitarios degeneraron la protesta” del Copinh “que se manifestaban ordenados” y que además de obstaculizar el tráfico se dedicaron a manchar paredes de edificios públicos.
Los “universitarios” también le quebraron la cámara a un periodista de un canal de televisión de Tegucigalpa que transmitía en directo lo que ocurría frente al Ministerio Público.
Otro oficial de la Policía Nacional indicó que a los manifestantes que causaban disturbios y comenzaban a lanzar piedras y otros objetos a las fuerzas del orden se les advirtió que despejaran las vías porque sino serían desalojados “en quince minutos”, lo que al final ocurrió.
Antes de los disturbios, el coordinador del Copinh, Tomás Gómez, dijo a periodistas que habían venido a Tegucigalpa para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, quien se oponía a un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país, alegando que causaba daños al ambiente.
Añadió que en las últimas semanas se ha desatado “una campaña de desprestigio” contra la organización indígena, de la que Cáceres fue su coordinadora general, por parte de la empresa que desarrolla el proyecto y el Estado hondureño.
El proyecto, con capacidad para generar 21 megavatios, que estaba siendo financiado por un banco holandés y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), está paralizado tras el asesinato de Cáceres, mientras que pobladores de unas diez comunidades favorecidas exigen que se reanude.
Hasta ahora han sido detenidos seis hombres que serían los presuntos autores materiales del asesinato de Cáceres, cuyos familiares y el Copinh exigen la captura de los autores intelectuales y que el proyecto sea cancelado.
