La Cámara de Diputados resolvió archivar 350 proyectos de leyes que contaron con dictámenes de rechazo de las diversas comisiones asesoras. El fin: alivianar la pesada carga a la nueva legislatura que asume el 1.º de julio.
El proyecto de ley que prohíbe contratación o designación de funcionarios públicos por parte del Poder Ejecutivo, en los últimos seis meses de gobierno, fue uno de ellos.
La normativa cobró fuerza durante el periodo de gobierno de Fernando Lugo, pero tras su juicio político el proyecto quedó en el olvido, pese a las masivas contrataciones que surgieron en la era del presidente Federico Franco.
Otro polémico proyecto de ley que fue despachado por los diputados fue el que exonera de tributos y gravámenes de importación a unidades de automotores destinados para uso personal de las autoridades parlamentarias.
La iniciativa parlamentaria no pudo siquiera ser debatida en el plenario debido al repudio ciudadano, que cuestionó el nuevo privilegio que pretendían asignarse, a meses de asumir el mandato.
También archivaron otros proyectos como una indemnización a las víctimas del marzo paraguayo, la suspensión de los efectos de la ley que crea la inspección técnica vehicular (ITV) como requisito para la obtención o renovación de la patente municipal.
Además del proyecto que crea el fondo de inversión para créditos a estudiantes universitarios, una sanción a las llamadas al Sistema 911 de la Policía Nacional que reportan falsos incidentes, además de un aumento salarial del 10% para el sector público.
Los diputados también decidieron mandar al archivo la creación de 18 institutos superiores y 14 universidades privadas y nacionales, entre otros proyectos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bogado, recomendó el rechazo de los proyectos para depurar la base de datos, porque en el Sistema de Información Legislativa (SIL) siguen figurando como pendientes, cuando ya han perdido vigencia.
El legislador reconoció la sobrecarga de proyectos de leyes, tras las críticas lanzadas por ÚH, que reveló la existencia de 1.456 proyectos de leyes pendientes de tratamiento en el plenario. En ese sentido, pidió a los presidentes de comisiones dar el dictamen de rechazo “para poder dejar una legislatura limpia”, señaló.
FALSA. La diputada del PLRA, Blanca Lila Mignarro, pidió a Bogado que se encargue de exigir la actualización de los datos con que cuenta el SIL. Indicó que el Sistema de Información Legislativa -donde funciona toda una dirección- “no da una información precisa y veraz, no actualizan su archivo, su registro”, dijo.
Pidió limpiar el archivo y que el SIL actualice su archivo para evitar el escrache gratuito. “Ligamos el mote de haraganes gratuitamente, y yo levanto ese cargo, no soy haragana”, enfatizó.
