Luego de postergar su tratamiento la semana pasada, por ocho días, los diputados decidieron rechazar el proyecto de ley que establece la obligación de conservar datos de tráfico durante la sesión ordinaria de este jueves.
La propuesta es conocida como “pyrawebs” en alusión a los informantes policiales de la dictadura stronista (pyragues). Varios sectores políticos y organizaciones civiles sostuvieron que el proyecto viola varios derechos fundamentales de los ciudadanos.
Este proyecto retorna a la Cámara de Senadores que le otorgó media sanción y deberá reafirmar su postura inicial o aprobará el rechazo.
La titular de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Olga Ferreira, reiteró su dictamen por el rechazo de este proyecto por atentar contra principios básicos como la libertad de expresión, privacidad y presunción de inocencia.
“Si se aprueba el proyecto volveremos a un pasado nefasto del país donde todos los ciudadanos vamos a estar controlados”, afirmó al tiempo de agregar que también se estarían violando los artículos 33 y 36 de la Constitución Nacional.
Además, sostuvo que “nos ponen a todos los inocentes en la misma bolsa con unos cuantos delincuentes”.
También dijo que no se tiene conocimiento de adónde irán a parar todos esos datos de tráfico al culminar el periodo de doce meses.
Los voceros de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación y Obras Públicas, Ramón Romero Roa, Bernardo Villalba y Danny Durand, respectivamente, coincidieron en que el texto proveniente de la Cámara de Senadores no garantiza ni regula el uso que se dará a los datos de tráfico y viola derechos constitucionales.
Las comisiones afirmaron que es necesaria esta ley pero bajo todas las garantías y evitando los abusos y posibles daños contra los ciudadanos. A pesar de algunas modificaciones realizadas, las dos dictaminaron también por el rechazo.
El titular de la Comisión de Tecnología, Antonio Buzarquis, también habló en el mismo tenor y se preguntó "¿quién va a controlar a los que nos controlan?”. También dijo que con este proyecto, 6 millones de paraguayos ya estarán siendo sospechados.
Prácticamente todos los diputados estuvieron de acuerdo en esa tesitura, por lo que el debate se redujo solo a los líderes de cada bancada, quienes dejaron su postura. Luego procedieron al estado de votación.
El único diputado que se mostró en contra del rechazo y a favor de las modificaciones fue el colorado Óscar Tuma. Dijo que se subsanó el 80% del documento con los cambios introducidos y que posteriormente se podía cambiar el restante 20%.
También habló sobre la hipocresía reinante en el país porque nadie habló de derechos humanos y derechos a la intimidad cuando se sacó información de llamadas de un legislador cuando ejercía su función de diputado o cuando se divulgó el video erótico del senador Juan Carlos Galaverna.
Dijo que se habló de medias verdades con respecto a esta ley al explicar que los datos serán guardados en un servidor y no será controlado por una persona el movimiento de cada ciudadano. Mencionó que solo se sabrá el contacto que tuvo cada persona, pero no así su contenido y que solo en el marco de una denuncia penal se podrá solicitar.
La legislación pretende que las prestadoras del servicio de Internet (telefónicas) almacenen los datos de conexión de los usuarios, de manera a poder ayudar al Ministerio Público a rastrear a los responsables de diversos delitos.
El proyecto de ley señala, por ejemplo, que los prestadores de servicios deberán conservar por un año todos los datos de tráfico de comunicaciones que estén vinculados al acceso a Internet, como el nombre y dirección del usuario y titular registrado que acceda a la web; en tanto que la identificación de usuario o el número de teléfono del destinatario o destinatarios de una llamada telefónica por Internet deberán conservarse también la fecha y hora de conexión y desconexión, así como el IP o dirección de protocolo.
