Ramón Romero Roa, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que estas modificaciones serán aplicables a las elecciones internas a diferencia de la ley actual. En estos casos la rendición de cuentas se presentará ante el Tribunal Partidario, que a su vez remitirá los balances al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para su publicación en la web de la institución.
En el caso de las elecciones municipales se presentará el informe a la Justicia Electoral. [descargar proyecto]
La falta de remisión de los documentos puede repercutir en la suspensión de todo aporte, subsidio o subvención de parte del Estado por hasta tres años y dos elecciones. Los diputados ampliaron el plazo a 60 días y no 40 como decía el proyecto original para la rendición de los informes comprobatorios por parte de los partidos.
Marcial Lezcano (ANR) rechazó que la sanción por incumplimiento sea no poder inscribir la candidatura para las generales. Refirió que se debe eliminar este punto. “No podemos permitir que alguien que ganó la interna no sea inscripto”, sentenció. Propuso dejar sin efecto ese punto del Artículo 64, pero no fue aceptado por el pleno.
El artículo 68 menciona que los partidos, movimientos, alianzas o concertaciones no podrán recibir directa o indirectamente donaciones de entidades extranjeras, autárquicas o descentralizadas nacionales, departamentales, municipales, de empresas del Estado o concesionarias.
En esta sesión extraordinaria eliminaron la prohibición de aportes estatales en las internas alegando que la Ley actual ya lo prohíbe actualmente.
Si bien el texto original menciona que tampoco podrán aceptar contribuciones o donaciones superiores a 7.000 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas por cada aportante, a pedido de Bernardo Villalba se elevó el tope a 50.000 jornales.
Se prohíbe también el aporte de personas condenadas por crímenes, especialmente los relacionados al narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, terrorismo y contrabando.
Eber Ovelar (ANR) sugirió que no solo las personas condenadas sino también procesadas por actividades ilícitas sean sujetas a la prohibición de ser aportantes de las campañas. Señaló que solo de esta manera se tendrá una total “limpieza” del dinero recibido.
Pero sus colegas argumentaron que se violaría la Constitución Nacional, que garantiza la presunción de inocencia de las personas procesadas.
La diputada Olga Ferreira mencionó la importancia de sancionar este proyecto antes del 21 agosto para que estas modificaciones se puedan aplicar en las próximas elecciones internas. Resaltó la importancia de la ley para eliminar la práctica nefasta de utilizar el lavado de dinero para financiar las campañas electorales.
El diputado Eber Osvaldo Ovelar, en nombre de la bancada por el movimiento Colorado Añetete, expresó su total apoyo para la aprobación de la propuesta.
Bernardo Villalba habló de las prácticas de traslado de los electorados hasta los locales de votación por parte de los partidos, actividad que defiende como lícita. Mencionó que el problema se presenta cuando esta ley exige la entrega de boleta legal por el alquiler de los vehículos, lo que resulta imposible en varias zonas del interior del país. Según el legislador, esto obligaría a los candidatos a gastar dinero no declarado como lícito.