Tras idas y vueltas para analizar su tratamiento, los diputados decidieron postergar su estudio para analizar mejor los alcances del almacenamiento de tráfico de los usuarios. Pero algunos legisladores dejaron su postura en torno al tema.
El vocero de la comisión de Obras, Dany Durand, defendió la aprobación del proyecto de ley al explicar que de ninguna manera se busca conocer el contenido de las comunicaciones entre las personas, sino que solo se pretende guardar los datos de tráfico realizado por los usuarios y utilizarlos solo cuando un juez lo autoriza.
“Con esto se facilita para la Justicia la persecución de delincuentes escondidos en las redes que perpetran delitos”, expresó al mencionar que las telefónicas están en contra de la normativa porque deberán gastar USD 7 millones para crear la base de datos.
Sin embargo, la titular de la comisión de Derechos Humanos, Olga Ferreira, se refirió a que el documento viola varios derechos fundamentales como la privacidad, la asociación y la libertad de expresión. “Nos van a tapar la boca, eso van hacer”, sostuvo.
Dijo que pondrá en peligro la privacidad de todos los sectores económicos, sociales y políticos porque se podrá rastrear a cada persona, las páginas visitadas, las fuentes consultadas y el comportamiento de las empresas a través de sus reuniones.
“Armar una estructura de almacenamiento implica que todas las personas perdamos nuestro derecho a una comunicación protegida de la vigilancia del Gobierno. Es un derecho consagrado en la Carta Magna”, afirmó.
A partir de las presentación de los dictámenes de ambas comisiones legislativas, la primera por la aprobación y la segunda por el rechazo, se inició un largo debate sobre esta ley que fue bautizada como “pyraweb”, en alusión a los informantes policiales de la dictadura stronista (pyragues).
Los diputados liberales Celso Kennedy, Dionisio Amarilla y Víctor Ríos sumaron su voz en contra del proyecto de ley por el mismo argumento que la Comisión de Derechos Humanos.
Ríos mencionó que una conversación virtual no puede afectar ni alterar el orden público y sostuvo que no se puede legalizar un control como este. “No se puede legalizar algo que choca con el sentido común de que me están siguiendo para poder utilizar después esto en mi contra o en algún proceso o para incriminarme a mí o a mi familia”, consideró.
Incluso, trató al proyecto como totalitarista, narcisista y fascista, porque viola las bases fundamentales de un estado de derecho. Sacó a relucir el artículo 33 de la Constitución Nacional que determina del Derecho a la Privacidad.
En contrapartida, el diputado colorado Óscar Tuma, dijo que no se viola ninguna normativa y explicó que cualquier señal digital encriptada genera un tráfico de datos y pidió analizar bien qué abarca el alcance de ese espectro. Aunque dejó en claro su postura de que rechazando este proyecto de ley se daría la posibilidad a los delincuentes de utilizar los medios digitales para comunicarse libremente y que la Fiscalía no pueda utilizar eso como prueba durante un proceso.
“Hoy nosotros decimos que el EPP utilicen Skype, porque acá no se va a almacenar los datos para encontrarles. Si hoy no existe impedimento para almacenamiento de las celdas de comunicaciones, ¿cuál es la diferencia con la trasmisión de datos?”, se preguntó al recordar que actualmente las telefónicas guardan por seis meses el registro de llamadas y mensajes de textos.
La legislación pretende que las prestadoras del servicio de internet (telefónicas) almacenen los datos de conexión de los usuarios, de manera a poder ayudar al Ministerio Público a rastrear a los responsables de diversos delitos.
Los prestadores de servicios deberán conservar por un año todos los datos de tráfico de comunicaciones que estén vinculados al acceso a internet, como el nombre y dirección del usuario y titular registrado que acceda a la web; la identificación de usuario o el número de teléfono del destinatario o destinatarios de una llamada telefónica por internet. Deberán conservarse también la fecha y hora de conexión y desconexión, así como el IP o dirección de protocolo.
