Un importante proyecto de ley, que apunta a controlar a los llamados planilleros –personas que cobran salarios del Estado sin cumplir la labor para la que fueron contratados– se presentó hace dos años en la Cámara de Diputados, pero duerme en las comisiones sin que la mayoría de los legisladores demuestren mucho interés en tratarlo y aprobarlo.
El proyecto establece un mecanismo de control especial, conforme al artículo 1° de la Ley 1626/2000 “De la Función Pública”, a los funcionarios y las funcionarias del sector de altos ingresos, mediante una auditoría externa, y obliga a que los funcionarios mantengan un registro actualizado, donde deben hacer constar las actividades laborales realizadas en cada jornada. El control quedaría a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De este modo, se busca evitar que siga ocurriendo una de las irregularidades más frecuentes en la Administración Pública, en donde numerosas personas cobran altos salarios del Estado sin prestar el servicio para el cual son requeridos, delito que ya ha sido bautizado como “planillerismo”, ya que los funcionarios figuran solo en las planillas, pero no aparecen en el lugar de trabajo.
En la mayoría de los casos, dichas personas acceden a un puesto mediante el padrinazgo de políticos y de autoridades influyentes, entre ellos varios legisladores.
Hasta ahora se han denunciado numerosas situaciones, como la de los llamados “caseros de oro” de los diputados José María Ibáñez y Éver Rivas, quienes según las denuncias periodísticas tenían a personas trabajando para ellos en forma particular, pero cobrando salarios del Estado, y en algunos de estos casos existe un proceso judicial que ya lleva varios años y que se ha trabado en innumerables ocasiones mediante chicanas, y en el caso de Rivas, que ha sido revelado a partir de una investigación periodística de Última Hora, se ha abierto una investigación fiscal que tampoco ha logrado avanzar mucho.
A pesar de que en los últimos años se han logrado importantes avances jurídicos, como la promulgación de una Ley de Transparencia, que obliga a declarar las listas de funcionarios y sus asignaciones, son pocas las instituciones que cumplen con esta exigencia, según lo reconoce la propia Secretaría de la Función Pública. Esta es una situación que facilita la continuidad de la práctica ilegal.
El proyecto de ley que busca acabar con el planillerismo, presentado por los diputados Celso Kennedy y Édgar Acosta, debe ser reactivado cuanto antes. Es necesario que la ciudadanía se movilice y presione para que la clase política trate y apruebe este importante instrumento en favor de la transparencia.
