El hecho que el propio diputado colorado José María Ibáñez reconociera que estafó al Estado al pagar el salario de sus tres caseros con dinero público no es razón suficiente para que se le saque la investidura, que renuncie al cargo o que el pleno de la Cámara Baja le de una sanción ética, afirmaron varios diputados.
Ibáñez se declaró culpable de los delitos de estafa, cobro indebido de honorarios y falsificación. Prometió donar G. 200 millones a hospitales para salir sobreseído y sin antecedentes con su esposa Lorena Plabst y sus caseros Favio Ernan Gómez Chamorro, Éver Isaac y Viviana Patricia Falcón Valenzuela.
La mayoría de los integrantes de la Cámara se excusaron ayer de opinar sobre el escándalo que envuelve al diputado colorado y los pocos que hablaron justificaron a su colega diciendo que la ley lo ampara para solicitar la medida alternativa.
Los legisladores sostienen que el artículo 201 de la Constitución Nacional expresa en su inciso 2 que la pérdida de investidura se dará con “el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado” y que no se da esta situación en el caso del diputado colorado porque él no fue imputado por la fiscalía por tráfico de influencias.
“Creo que debe seguir como diputado porque está solicitando una salida alternativa que es reconocida internacionalmente, una medida alternativa a un juicio oral”, dijo el titular de la Cámara Baja, el colorado Hugo Velázquez.
Afirmó incluso que la decisión de Ibáñez de declararse culpable fue para evitar quebrantos a su esposa, quien está embarazada.
“A lo mejor eso también es uno de los motivos por lo que quiere evitar ir a un juicio oral y prefiere reconocer los hechos para que su señora no pase por ese juicio. Eso es un tema demasiado importante como para que decida reconocer los hechos y buscar esta salida”, remarcó.
Velázquez se quejó porque los medios ya condenaron a Ibáñez cuando que existen cientos de casos similares que se dan a diario.
En el mismo sentido habló el diputado liberal Juan Bartolomé Ancho Ramírez, quien se desempeñaba como presidente de la Cámara Baja en el momento en que se descubrió que Ibáñez usó el dinero de Diputados para pagar a sus empleados privados.
Ancho sostuvo que el problema es una cuestión personal del diputado pero que como parlamentario, Ibáñez tendrá siempre su apoyo.
“Si él reconoce que cometió un hecho que puede ser reprochable, hay que preguntarle a él. Toda la actuación su hace a su fuero interior, a sus decisiones. Es mi colega y va a tener siempre mi apoyo”, señaló dándole un blindaje.
SANCIÓN. El también colorado, Bernardo Villalba manifestó que si el pleno de la Cámara sanciona a Ibáñez, el diputado sería juzgado dos veces por un mismo caso.
Apuntó que la sanción política a su correligionario se verá cuando se exponga a la consideración pública y reclame los votos a la sociedad nuevamente.
Dijo que la sanción ética está prevista en el Código de Ética de la Cámara y para el efecto debe iniciarse el sumario correspondiente y eventualmente si eso ocurre, la comisión de Asuntos Constitucionales debe emitir un dictamen y el pleno es el único que puede emitir una sanción ética.