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viernes 14 de julio de 2017, 01:00

Diputados evitan el control del financiamiento político

Una vez más, los diputados oficialistas y sus aliados demostraron que para ellos no es indispensable un control sobre el origen de los fondos que financian las campañas electorales, al aplazar de nuevo el estudio de la Ley de Financiamiento Político. De este modo, permitirán que el dinero sucio que proviene de sectores del narcotráfico y del crimen organizado pueda seguir instaurando la narcopolítica, con todo el daño que ello provoca al país y al sistema democrático. Urge que la ciudadanía ejerza mayor presión para revertir esta situación. El poder narco en la política se está expandiendo, y es en las elecciones internas de los partidos donde debe empezar el control sobre el financiamiento.

La mayoría que actualmente tiene el control de la Cámara de Diputados –conformada por los legisladores del sector oficialista del Partido Colorado y sus aliados liberales disidentes y de otros partidos– nuevamente dejó pasar la oportunidad de tratar el proyecto de modificación de la Ley de Financiamiento Político, en la sesión del miércoles último, decidiendo aplazarlo por quince días más.

De esta manera, con 33 votos –contra una minoría de 23 votos de la oposición– los legisladores oficialistas y pro oficialistas siguen esquivando el tratamiento de dicha ley, buscando que el control no rija para las próximas elecciones internas de los partidos y movimientos, que se deben realizar en diciembre próximo. Para que el sistema de control pueda aplicarse en estos comicios, la ley deberá promulgarse antes del 21 de agosto, fecha en que la Justicia Electoral presentará su cronograma.

La excusa que dieron en esta ocasión es que no existen dictámenes de la comisiones asesoras, por falta de tiempo. Sin embargo, los legisladores sí hallaron tiempo para declarar de interés turístico, nacional y cultural el certamen de belleza Miss Paraguay, algo que fue objeto de muchas burlas y críticas en las redes sociales de internet, debido a que otorgan prioridad a un tema considerado frívolo, relegando cuestiones más importantes y urgentes para el país, que siguen esperando su tratamiento y aprobación en el Congreso.

El proyecto de modificación de la Ley de Financiamiento Político ha tenido hasta ahora un controvertido tratamiento, ya que en una sesión anterior, el 4 de julio, la mayoría decidió aumentar de 5.000 a 50.000 jornales el monto tope del aporte que una sola persona puede otorgar a una campaña electoral, estableciendo la posibilidad de que un solo donante provea hasta 3.925 millones de guaraníes a un candidato.

Además, en esa misma sesión, los diputados decidieron prohibir que organismos como la Contraloría General de la República y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelav) puedan controlar esos fondos.

Ante las protestas de sectores ciudadanos y de los medios de prensa, en la sesión siguiente dejaron sin efecto dichas modificaciones y decidieron volver a tratar los cambios de la ley desde el inicio, pero la amenaza sigue latente, debido a que se ha postergado de nuevo su tratamiento.

De este modo, el dinero sucio que proviene de sectores del narcotráfico y del crimen organizado puede seguir instaurando impunemente la narcopolítica, con todo el daño que ello provoca al país y al sistema democrático. Urge que la ciudadanía ejerza mayor presión para revertir esta situación.