La comisión especial conformada para el análisis de las denuncias de supuesto cobro indebido de viáticos por parte de los diputados Carlos Portillo (PLRA-Alto Paraná) y Jorge Baruja (ANR-Paraguarí) decidió remitir los antecedentes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, según lo anunció el diputado colorado Walter Harms, uno de los integrantes de dicho organismo.
Por otro lado, el vicepresidente primero de Diputados, Amado Florentín, dijo que la mesa directiva trató el caso de la hija del diputado Celso Maldonado, acusada de comprar notas en la Universidad Católica, y que se resolvió esperar que la Justicia disponga alguna medida para que ellos acaten.
“Ella no ocupa ningún cargo de directora o jefa, por lo que no será separada de ningún cargo. Es una funcionaria más que está a disposición de la Justicia. En la mesa directiva esperaremos las resultas del caso”, manifestó Florentín.
VIAJEROS. “Dictaminamos de manera unánime. Nosotros determinamos que existen méritos suficientes para que Asuntos Constitucionales someta al proceso a los colegas. Basamos la petición en hechos de público conocimiento y, además, hay un reconocimiento por parte de los colegas, al momento en que devuelven el dinero que recibieron en concepto de viático”, sostuvo el diputado Walter Harms, quien aclaró que ellos solo pueden decidir si hay méritos o no para estudiar sanciones.
Sin embargo, pasado el mediodía de ayer, los antecedentes no llegaban aún a la Comisión de Asuntos Constitucionales, según lo corroboró el propio titular de dicha comisión, Ramón Romero Roa, quien explicó que el plazo de 15 días para que ellos dictaminen corre a partir del momento en que los documentos llegan a la comisión.
ESTUDIO. “Es el procedimiento que establece nuestro Código de Ética. El artículo 38 dice que la mesa directiva podrá iniciar y luego se estipula el procedimiento a llevar a cabo, en el sentido de que Asuntos Constitucionales, dentro del plazo de 15 días, emitirá su dictamen una vez hechas las diligencias; es decir, recibir los recaudos de la denuncia planteada y, por otro lado, hacer la comparecencia de los afectados”, señaló Romero Roa.
Aclaró que los 15 días de plazo son corridos, según el Código de Ética de la Cámara, por lo que para el 3 de setiembre ya deberá haber un dictamen, en caso de que los antecedentes hayan llegado a la comisión ayer en el transcurso de la tarde.
Los diputados se exponen a tres tipos de sanciones: amonestación oral, amonestación escrita y la suspensión en el cargo por un periodo de hasta 60 días, sin goce de dieta, según lo establece el artículo 190 de la Constitución Nacional.
Romero Roa no descartó que se realicen sesiones extraordinarias para tratar los casos. Analizarán las declaraciones de los afectados y las documentaciones sobre los viajes.
Baruja y Portillo devolvieron viáticos y pasajes a la administración de la Cámara, tras descubrirse que no realizaron misiones parlamentarias a Cancún ni a Las Vegas.
