16 abr. 2024

Diputados aumentó salarios violando la Ley de Responsabilidad Fiscal

La Cámara Baja aprobó el Presupuesto 2017 con un ajuste salarial de 12% para docentes y personal de blanco, sin fuente de financiamiento. Con ello, se elevará el déficit fiscal previsto de 1,5% del PIB.

Negociaciones.  Los diputados declararon cuarto intermedio y negociaron la suba salarial.

Negociaciones. Los diputados declararon cuarto intermedio y negociaron la suba salarial.

La Cámara de Diputados aprobó ayer, en sesión extraordinaria, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2017, e incluyó el aumento salarial del 7,2% para policías y militares (en todos los rangos), y para funcionarios administrativos que perciben el salario mínimo, que costará alrededor de G. 106.000 millones (USD 18,5 millones).

Además, se contempló un ajuste del 12% para docentes (de educación escolar inicial, básica y media), que costará G. 173.500 millones (USD 30 millones) aproximadamente; y para el personal de blanco (médicos, enfermeras, odontólogos, químicos, bioquímicos, entre otros), que costará G. 110.000 millones (USD 19,2 millones).

En todos estos casos, el incremento regirá desde julio del próximo año, y fue avalado por los legisladores colorados cartistas, rompiendo la disciplina que habían mostrado en años anteriores.

Para no violar el Artículo 7, Inciso 3 de la Ley de Responsabilidad Fiscal (que establece otorgar aumento a estatales solamente cuando haya subido en el sector privado y como máximo en el mismo porcentaje), los diputados incluyeron un artículo en el proyecto de Presupuesto que exceptúa los aumentos aprobados.

Mientras que el aumento salarial para policías, militares y funcionarios administrativos será cubierto con el recorte del monto destinado al pago de intereses por obras a ser ejecutadas bajo la Ley 5074/13 (de llave en mano) y a catering (bocaditos); el aumento para docentes y personal de blanco no tiene una fuente de financiamiento, con lo cual se viola la Ley de Responsabilidad Fiscal.

TOPE. Aunque en principio los legisladores habían acordado respetar el proyecto de gastos propuesto por el Poder Ejecutivo de G. 69,160 billones (USD 12.090 millones), y que contemplaba un déficit fiscal (más gastos que ingresos) del 1,5% del PIB, límite previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal, con los incrementos otorgados se sobrepasa este monto de saldo negativo.

El proyecto del Ejecutivo no contemplaba incremento salarial para ningún sector. La Comisión Bicameral de Presupuesto había incluido el aumento del 7,2% para policías, militares, docentes (educación inicial y escolar básica) y funcionarios administrativos que ganan el salario mínimo, luego de que el Ejecutivo haya remitido al Congreso un proyecto de ley para aumentar el salario mínimo del sector privado.

INFLADO. Los datos finales sobre el monto inflado se conocerán en los próximos días. Ello, atendiendo a que no solo se aprobó el aumento salarial, sino también incrementos para obras a ser ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas, y para varios servicios de salud, dependientes del Ministerio de Salud.

Los diputados también otorgaron G. 87.000 millones más a la Corte Suprema de Justicia, que serán destinados a bonificaciones y gratificaciones. Según los sindicalistas de la Corte, esto cubrirá el aumento salarial solamente para magistrados judiciales y actuarios, dejando a funcionarios administrativos sin incremento. Además, se otorgó G. 12.000 millones más para el Ministerio Público, también para bonificaciones y gratificaciones.

Otra decisión tomada es el recorte de G. 20.000 millones para el pago del seguro médico privado para funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP), con lo cual el seguro por funcionario bajará de G. 2,3 millones a G. 1 millón. Además, se aprobó crear un programa presupuestario dentro del Ministerio de Defensa, para las Fuerzas de Tarea Conjunta, por G. 12.000 millones (USD 2,09 millones). La Cámara Baja también aprobó la emisión de bonos del Tesoro por G. 3,3 billones (USD 576,9 millones), donde más de la mitad será destinado a pagar la deuda pública y el resto a obras viales. El proyecto pasó al Senado para su consideración.

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