La iniciativa dispone reglas que las entidades emisoras de tarjetas deberán cumplir, con la finalidad de proteger los derechos del consumidor, así como la defensa de la concurrencia; y volverá, para un nuevo estudio, a la Cámara Alta, teniendo en cuenta los cambios.
El diputado Ramón Romero Roa (ANR-Alto Paraná), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, solicitó la aprobación de la propuesta, en la versión dictaminada por el órgano asesor que encabeza.
Sostuvo que es necesario establecer estipulaciones de seguridad básicas, con relación a las cláusulas contenidas en los contratos entre las entidades financieras y los usuarios de tarjetas.
Algunos puntos contemplados en el dictamen emitido por el bloque, y aprobados por el plenario de la Cámara Baja, proponen que es obligación de las entidades emisoras de tarjetas, notificar a los usuarios con treinta (30) días de anticipación, de cualquier modificación de las condiciones de la prestación de servicios, en especial, las relacionadas con ajustes a las tasas de interés.
Además, la iniciativa contempla que las tarifas de las penalidades y cargos a ser aplicados deben ser aprobadas por el Banco Central del Paraguay (BCP), en forma previa a su aplicación, debiendo los intereses atenerse al límite calculado por el BCP.
