El proyecto tiene como objetivo que del total de obras viales programadas para cada ejercicio fiscal, el ente público u organismo ejecutor responsable esté obligado al planeamiento, programación, presupuesto y contratación de la construcción con pavimento rígido, en una relación no menor al 25%.
De esta manera, la utilización del cemento de origen nacional será preferente en la construcción de las obras viales con pavimento rígido, según establece el documento, el cual señala que el margen de uso preferencial del cemento nacional no será inferior al 75%.
“Con esta propuesta se busca orientar la utilización del cemento nacional en la inversión pública destinada a la construcción de caminos y potenciar el desarrollo económico nacional; así como generar fuentes de trabajo y el mejoramiento de la calidad de la construcción de las rutas nacionales”, dicen los proyectistas Dany Durand, Ramón Romero Roa, Luis Larré, Enrique Pereira y Cornelius Sawatzky.