Cabe resaltar que la Cámara de Apelaciones confirmó la elevación y el legislador planteó el incidente para evitar afrontar el juicio oral.
En noviembre pasado Duré ya planteó una acción de inconstitucionalidad y el inicio de la audiencia quedó suspendida, ya que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio lugar al planteamiento.
La resolución de la Corte tenía como fecha el 4 de noviembre y extrañamente se dio a conocer cuatro días después.
La investigación llevada a cabo por los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, René Fernández y Josefina Aghemo, detectó un supuesto perjuicio de G. 60.294.298.050 ocasionados al patrimonio del Indert por el caso de las polémicas tierras de San Agustín.
Refieren los antecedentes que Luis Ortigoza es sindicado como el responsable de haber adquirido las fincas 95 de Tobatí y 104 de Atyrá, por la suma G. 46.884.846.163, el 27 de marzo de 2013.
El Congreso dejó sin efecto la Ley 695 (por Ley 1952/2002), que declaraba de interés social y expropiaba a favor del Indert la finca 268 del distrito de Altos, a nombre de San Agustín, por inaptitud de la finca.
Otros imputados son Justo César Gamarra y el parlamentario del Mercosur Emmanuel Friedman.
