La ocupación de tierras en Remansito ocurre en los asentamientos de Nueva Asunción, San Ramón y Mártir Lucía; desde la Diócesis dicen que los terrenos son del Estado.
El desalojo fue anunciado por los fiscales Ariel Martínez y Amín Echeguren, de Villa Hayes.
En el comunicado emitido por los religiosos afirman que la propiedad individualizada como Finca N.º 916, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, actualmente es utilizada para la explotación ganadera, siendo arrendada a más de 20 arrendatarios ganaderos cuya finalidad se desconoce y el destino de los recursos por arriendo no tiene un destino conocido.
Dicen que la misma es además utilizada para un vertedero de basuras domiciliarias e industriales, como así también para la disposición final de basuras patológicas, contaminando el área que constituye un importante humedal, vertiente del río Negro que desemboca al río Paraguay, por tanto, la situación pone en serio riesgo todo el ecosistema circundante, con el conocimiento y anuencia de las autoridades competentes.
Señalan además que es una realidad que en nuestro país existan miles de familias que no acceden a un pedazo de tierra para instalar una vivienda digna, derecho legítimo consagrado en la Constitución Nacional y que por diferentes razones el Gobierno y las autoridades se desentienden de la búsqueda de una solución real y efectiva para estos compatriotas.
“La medida comunicada por el Ministerio Público de un desalojo violento es arbitraria e ilegal al no contar con una orden judicial prevista en nuestro ordenamiento positivo penal, por tanto es violatorio de los derechos fundamentales de las personas y de los principios fundamentales de un Estado social de derecho”, expresa el escrito.
Desde la Diócesis llaman a las autoridades a evitar la violencia y a buscar una solución efectiva que tenga en cuenta las necesidades de las personas más humildes y vulnerables, atendiendo su verdadera realidad.
