La organización independiente Center for Responsive Politics calcula que en el primer año de la campaña para las elecciones presidenciales de 2016 se ha multiplicado hasta por diez el uso del llamado “dinero oscuro” (el que se oculta a las autoridades electorales) en comparación con la carrera a la Casa Blanca de 2012.
Esta organización estima que los grupos que tratan de influir en los comicios de 2016 han gastado 15 millones de dólares, de los que solo han declarado cinco a las autoridades electorales, una cifra que por sí sola es diez veces mayor que lo desembolsado durante los meses anteriores a las elecciones de 2012.
En esos comicios de 2012, el “dinero oscuro” llegó a los 308,7 millones de dólares, según el Center for Responsive Politics.
Esa organización usa el término de “dinero oscuro” para identificar el gastado en influir en la opinión pública y cuya fuente no es declarada a la Comisión Federal Electoral (CFE), una agencia independiente fundada en 1975 por el Congreso para controlar la financiación de las campañas políticas.
Las encargadas de hacer fluir el “dinero oscuro” son organizaciones sin ánimo de lucro, que no tienen que declarar cuál es la fuente de sus ingresos y, sin apoyar específicamente a un candidato, defienden sus ideas, explicó a Efe Anthony Corrado, profesor de Política en el Colby College de Maine.
En teoría, los grupos sin ánimo de lucro –conocidos como 501 (c)– no pueden promover objetivos políticos, pero en la sombra a veces se coordinan con los “superPAC” que pueden influir en las elecciones a condición de no coordinarse con el candidato.
Los superPAC son unas entidades surgidas tras dos polémicas decisiones judiciales de 2010, una del Tribunal Supremo y otra de una corte de apelaciones, con las que se aprobó la creación de organizaciones que puedan captar de personas, empresas y sindicatos cantidades ilimitadas de dinero para apoyar ideas políticas.
Donar ilimitadas cantidades de dinero es legal, está protegido por la libertad de expresión, pero a cambio los superPAC deben comunicar a la CFE quiénes son sus donantes, un requisito del que están exentos los grupos sin ánimo de lucro.