“No está previsto el levantamiento de la suspensión (a APA) ni de la multa (de más de G. 180 millones) ni del apercibimiento. Todo está firme. Así lo dispuso la autoridad administrativa”, ratifica el representante legal de Dinapi.
En una audiencia pública realizada el lunes último en el Parlamento, los socios de la entidad solicitaron el levantamiento de la sanción impuesta por Dinapi.
“Se detectaron numerosas irregularidades en la administración de los derechos de autor, tanto en la percepción como en el pago a los autores. Ese es el fundamento de la sanción. Aquí no hay ninguna cuestión política”, añade el abogado.
Explica que tras el hallazgo de “indicios” de hechos punibles, la ley les obliga a remitir todos los antecedentes al Ministerio Público, que actualmente investiga el caso. “La acción penal no puede ser objeto de negociación política”, manifiesta el abogado.
Señala, además, que las resoluciones administrativas pueden ser revocables y no son sentencias definitivas, como ocurre en el Poder Judicial. “Las resoluciones administrativas se pueden levantar siempre que existan fundamentos o méritos. De comprobarse que no existan las irregularidades detectadas, allí podría darse el levantamiento. Sin embargo, esto no existe y se confirman aún más las irregularidades”, dice.
ESTATUTOS. Peralta Heisecke señala que el cambio de los estatutos es de competencia de los socios de APA, aunque aclara que “el actual no garantiza la participación” de sus agremiados. En la mencionada audiencia pública, moderada por el diputado Dany Durand, directivos y socios de APA acordaron modificar el estatuto, coincidiendo fijar en 25% el gasto administrativo y definir un sistema más abierto para elección de autoridades.