El agente fiscalizador Ricardo Gavilán, designado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), empezó diciendo que no les sorprende la declaración hecha por un funcionario de Autores Paraguayos Asociados (APA) ante el Ministerio Público.
Un empleado arrepentido mencionó que el secretario general (suspendido actualmente) Luis Barrientos ordenó a todos los funcionarios del Departamento de Recaudación e Inspectoría, así como también de Informática, tomar el dinero y varias documentaciones.
También contó que introdujo G. 70 millones en su mochila, remera y ropa interior, al igual que Cecilia Riveros, Patricia Romero, Librada Jiménez y Juan Coronel.
“No nos sorprende, celebramos declaraciones como estas, esperamos resultados de la investigación por parte del Ministerio Público, pero a la par vamos a seguir la fiscalización para saber qué ocurrió con el dinero y con las documentaciones”, expresó Gavilán.
Indicó que, efectivamente, mientras Librado Sánchez tomaba intervención de APA, en la planta baja supuestamente se estaba realizando un saqueamiento.
“Se acercaron varios funcionarios y confesaron ante el interventor judicial que fueron protagonistas de la sustracción de los documentos en la planta baja, específicamente donde se encuentra la Caja”, manifestó el fiscalizador.
Además, comentó que Sánchez elevó un informe a la Dinapi, por tal motivo luego se amplió la denuncia ante el Ministerio Público y ante los medios de comunicación.
“APA se encuentra pelada de documentos que hacen a los últimos cinco años, pedimos para la fiscalización de Dinapi, pero no se encuentran en la institución, físicamente no existen los documentos”, resaltó Gavilán.
Añadió que a pesar de que Roa se encontraba con ellos al momento de la intervención, no le exime de responsabilidad.
“Nosotros le hacemos responsables por la guarda y custodia de los documentos al presidente suspendido Alcides Roa y a la contadora Silvia Franco”, agregó.
INACCIÓN. Por otra parte, Gavilán lamentó la inacción del Ministerio Público, ya que hace cinco meses realizaron la denuncia penal, pero a la fecha aún no fueron imputados los sospechosos de vaciar las cuentas bancarias de APA y de destruir los documentos.
Finalmente, mencionó que Roa nunca dio explicación sobre la desaparición de los documentos, sino todo lo contrario, dilata la causa penal incidentando.
“Roa se pasó chicaneando con sus abogados para que Dinapi no pueda tener acceso a los documentos”, apuntó.
