Los comentarios, según el diario, fueron hechos por Rousseff durante una reunión con sus 31 ministros celebrada el jueves en Brasilia antes de viajar a Colombia, donde se encuentra hoy en una visita de Estado, según afirmaron a Folha tres asistentes a esa cita, los cuales no fueron identificados.
En una rueda de prensa posterior a esa reunión, el ministro de Presidencia, Jaques Wagner, criticó que la oposición haga “uso político” de una herramienta jurídica “muy especial” como es el proceso de destitución de un jefe de Estado.
La propia Rousseff, en varias intervenciones públicas en las últimas semanas, ha calificado como “una versión moderna del golpe” los intentos de usar la crisis para llegar al poder, pero por primera vez se habría equiparado a la controvertida destitución de Lugo, ocurrida en junio de 2012.
Lugo fue destituido en un juicio parlamentario, contemplado en la Constitución de ese país, por “mal desempeño” de sus funciones, una situación por la que Paraguay fue suspendido temporalmente del Mercosur por considerar sus socios que hubo una “ruptura constitucional”.
El presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, es la autoridad responsable de admitir al trámite o denegar las peticiones de abrir procesos de destitución del jefe del Estado, y en los últimos meses ha rechazado una decena de solicitudes de esta naturaleza.
Cunha tiene pendiente de análisis por lo menos otros nueve pedidos de apertura de un juicio político contra Rousseff, presentados por diversos partidos políticos, instituciones y ciudadanos a título individual.
Los opositores le atribuyen a la presidenta responsabilidad por la delicada situación económica que atraviesa el país, así como por los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
También le achacan un “delito de responsabilidad” por las maniobras que el Gobierno hizo en 2014 para maquillar el déficit en sus cuentas, lo que podría suponer un argumento legal para apoyar los pedidos de destitución.
El pasado miércoles el Tribunal de Cuentas recomendó la reprobación de estos balances, pero la decisión final depende del Legislativo, donde la coalición oficialista tiene mayoría.
Según la valoración del Gobierno, el supuesto delito de responsabilidad no es suficiente motivo legal para iniciar un proceso de destitución, además, teniendo en cuenta que es anterior al actual mandato de Rousseff, que comenzó el pasado 1 de enero. EFE
