Tras la exposición de su plan de trabajo fueron leídas varias denuncias realizadas en su contra, de las que se defendió a medias señalando que algunas eran “apreciaciones subjetivas”, y que los cuestionamientos eran “poca cosa” para un periodo de 5 años.
El fiscal negó que responda a directivas de los políticos, señalando que el Ministerio Público mantiene la independencia.
Uno de los cuestionamientos al fiscal general se refiere a una denuncia por enriquecimiento ilícito que habla de la compra de propiedades que no figuran en su declaración de bienes.
La misma fue radicada, en las oficinas anticorrupción de los Estados Unidos y Europa, según fue leído en plena audiencia pública.
“Me entero” fue la respuesta de Díaz Verón al ser consultado si tenía conocimiento de dicha denuncia. Seguidamente recordó que tiene 30 años en la función pública y que en su momento la Contraloría General de la República se encargará de determinar si existe correlación entre sus bienes y sus ingresos.
Otra de las denuncias guarda relación con el pedido de extradición de un ciudadano español. El fiscal general aclaró que su única intervención en ese caso fue rechazar la recusación al fiscal adjunto.
En lo que se refiere a otra denuncia, por una investigación de delitos electrónicos, Díaz Verón señaló que su única intervención fue designar fiscal, en forma provisoria, tras la recusación de los titulares que llevaban el caso.
En todo momento insistió que sus intervenciones en dichos casos se circunscribieron en las atribuciones constitucionales que tiene.
En otra intervención del auditorio se le consultó si es cierto que pidió una coima de 100.000 dólares para intervenir en un caso que involucraba a Antonio Debernardi. Díaz Verón negó el hecho y dijo que “ya es un tema anecdótico”.
De Vargas se siente afuera. Por su parte, el ex ministro del Interior y ex director de la Senad, Francisco José De Vargas, también se presentó a la audiencia por el cargo de fiscal general del Estado.
Sin embargo, De Vargas recordó que está siendo investigado en el marco de una imputación por lesión de confianza, a raíz de la compra de equipos de inteligencia para el Ministerio del Interior.
El ex ministro lamentó que no se haya avanzado y que el fiscal que tiene el caso haya pedido prórroga. “Esperaba ser sobreseído para esta fecha”, indicó. “Creo que esa será la circunstancia que me excluirá de este concurso”, finalizó.
