23 abr. 2024

Díaz Verón condena hostigamiento a la fiscala general

El fiscal general del Estado paraguayo, Javier Díaz Verón, salió en defensa de su colega venezolana, Zair Mundaray Rodríguez, a quien el Gobierno de su país le canceló el pasaporte para no poder de esa manera participar de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp), en representación de la fiscala de aquel país Luisa Ortega Díaz, que se desarrolló en Buenos Aires, Argentina.

Fiscala.  Luisa Ortega, una piedra en el zapato de Maduro.

Fiscala. Luisa Ortega, una piedra en el zapato de Maduro.

Díaz Verón mencionó que Ortega se ha convertido en una de las voces institucionales más críticas contra el Gobierno de Nicolás Maduro y contra el Tribunal Supremo, acusado por los opositores de sumisión al presidente.

“Es un posicionamiento que le ha valido procesos legales en su contra con el argumento de que ha cometido ‘faltas graves’ y el desarrollo de un antejuicio de mérito. Además, las denuncias de la fiscala se realizan cuando en el país se desarrolla una ola de protestas antigubernamentales que han dejado 91 muertos, cientos de heridos y detenidos”, refirió el fiscal general del Estado de Paraguay.

polígrafo. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) acordó someter el próximo lunes a la prueba del polígrafo a la fiscala general, el defensor del pueblo y el contralor general, instituciones que conforman el poder ciudadano de la República, informó ayer el ombudsman del país, Tarek William Saab.

“En base a la investigación que cursa el TSJ sobre un antejuicio de mérito a la fiscala general en torno a calumnias hechas contra miembros del Poder Ciudadano, anuncio que el Tribunal Supremo de Justicia acordó realizar a miembros del Poder Ciudadano la prueba del polígrafo el lunes 17”, escribió Saab en su cuenta de Twitter.

El TSJ debe establecer en los próximos días si hay motivos para juzgar por “faltas graves” en el desempeño de sus funciones a la fiscala general, Luisa Ortega, que fue denunciada por el diputado oficialista Pedro Carreño tras sus repetidas denuncias de una “ruptura del hilo constitucional” por parte del Supremo.

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